El pasado 13 de julio, el Gobierno aprobó un decreto ley en el que imponía a once grandes municipios (Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Granada, Cartagena, Madrid, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife) diseñar y establecer en un plazo de seis meses una zona de gran afluencia turística con libertad total de horarios comerciales. Transcurrido ese plazo, diez han cumplido los deberes (los tres últimos ya tenían esa zona) y tan solo uno no ha iniciado ni los trámites (la declaración la solicita el ayuntamiento y es aprobada por la comunidad autónoma).
El comercio apunta que hay 109 zonas de gran afluencia turística en la región
Se trata de Barcelona, cuyo alcalde, Xavier Trías, solo optará por impulsar esa declaración cuando haya una postura consensuada entre los empresarios. Algo que parece poco probable si se tiene en cuenta lo distanciadas que se encuentran las posiciones. Alejandro Goñi, presidente de Pimec Comercio, con más de 40.000 establecimientos asociados, se muestra en contra de la imposición del Ejecutivo y cree que la iniciativa responde al deseo expreso de algunas multinacionales situadas en el centro de Barcelona. “El comercio está bastante unido en esta postura. Hay que proteger al pequeño y mediano establecimiento tradicional y una medida de estas características no iría en ese sentido”, apunta. En su opinión, si el comercio de Barcelona cede y se logra que abran los festivos, “tendrá que abrir todo Cataluña, algo que no es necesario si se tiene en cuenta que ya hay 109 zonas de gran afluencia turística”. En el otro lado se sitúan los empresarios de los ejes comerciales, que no comparten las tesis del Gobierno, pero sí creen que debería haber cierta flexibilización. “Hace dos fines de semana se celebró el gran premio de Fórmula 1 en Montmeló y vinieron más de 70.000 turistas. Ninguno de estos visitantes pudo aprovechar e irse de compras por Barcelona el domingo”, resalta Javier Cottet, presidente de BarnaCentre, una asociación a la que están adscritos 500 comercios del Barrio Gótico de Barcelona. Esta asociación cree que no es necesario liberalizar horarios, pero considera que sería oportuno abrir los domingos. “No hay demanda y aumentar la oferta lo único que provocará es un perjuicio económico para los comerciantes”, remarca.
El constante desencuentro de Cataluña y el Ejecutivo
Los dos últimos grandes proyectos gestionados por la Secretaría de Estado de Comercio (el anteproyecto de ley de mercado único y la liberalización de los horarios comerciales) han reabierto la herida entre la administración catalana y el Estado central.
En el primer caso, que aún está en fase de audiencia pública, el anteproyecto es considerado “intervencionista” y el Gobierno catalán considera que se inmiscuye en las competencias municipales. En el caso de los horarios comerciales, el Ejecutivo impulsó una liberalización (más horas y festivos abiertos) que la administración catalana sorteó a través de la aprobación de un decreto autonómico. El Estado lo ha recurrido al Constitucional al considerar que conculca una ley básica de obligado cumplimiento. Igual ha hecho con Barcelona y su negativa a presentar ante la comunidad autónoma la declaración de zona de gran afluencia turística.
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