La Ley Sostenible remite las barreras ambientales de las CCAA al comercio

Casi todas comunidades quieren limitar la apertura de establecimientos que más movilidad generen o contaminen. Zapatero da un espaldarazo a este tipo de restricciones.

La crisis ha inundado el discurso político de ideas abstractas como la I+D, la competitividad, el cambio de modelo productivo o el respeto al medio ambiente. Pero entre los nuevos mantras de la discusión pública, este último está calando con más fuerza en la legislación. Por eso, la ley de Economía Sostenible pretende ser uno de los paradigmas de la normativa verde.

Entre otras cosas, exhorta a las Administraciones a «integrar las políticas de desarrollo urbano, económico y de movilidad de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y a facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios básicos, con el mínimo impacto ambiental».

Esta apostilla en un texto de casi 200 páginas supone, no obstante, un potente respaldo a la reforma comercial que las comunidades han emprendido para adaptarse a la nueva Directiva de Servicios. El medio ambiente constituye una de las «razones imperiosas de interés general» esgrimidas por las autonomías para mantener el control político –autorizaciones especiales– sobre la apertura de grandes establecimientos, frente a la liberalización general que determina Bruselas.

Si la Directiva europea pretendía dar uniformidad al marasmo de normas que pesan sobre los servicios, en el caso del comercio español, la dispersión de criterios seguirá vigente. Las comunidades han encontrado diferentes vías para minimizar por ley el impacto ambiental y los desplazamientos en el sector comercial.

Por ejemplo, Andalucía exige que la implantación de grandes superficies atienda a criterios de «ciudad compacta, cercanía y fácil acceso a los consumidores». En Castilla y León se pedirá a las empresas un informe «independiente» sobre la «influencia sobre el tráfico», la «movilidad generada» o acceso rodado a los nuevos centros. Cataluña se propone con su nueva ley «reducir la movilidad» y para ello veta directamente la entrada de determinadas superficies a los municipios menos poblados. Murcia pedirá un informe sobre emisiones de CO2. Mientras que Navarra pone coto a las tiendas medianas o grandes que oferten productos susceptibles de generar un efecto notable sobre la movilidad de vehículos.

Si el Gobierno quiere lograr los objetivos de la Ley de Economía Sostenible –reducir un 15% las emisiones de CO2 antes de 2020 y fomentar el transporte público– y las comunidades son rígidas en su nueva legislación, los formatos pequeños se adaptarán mejor a la nueva economía verde. Un exhaustivo estudio del Instituto Cerdá, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, sobre la Caracterización de la contribución territorial, urbanística y medioambiental de comercio concluye que los hipermercados generan el 40% de los desplazamientos motorizados a la compra. De hecho, el 73% de los ciudadanos visitan estos establecimiento en coche, frente al 8% que lo hacen así cuando van al supermercado o el 7% en el caso de las tiendas tradicionales.

Los indicadores de contaminación ambiental, que muchas comunidades exigirán antes de dar una licencia de apertura, juegan también en contra de los formatos más grandes. Según el Instituto Cerdá, los híper generarían el 69% de las emisiones de CO2 y el 61% de los gases de efecto invernadero del sector comercial. La ley y los datos discriminan claramente entre formatos comerciales.

Diferencia entre el gran consumo y la especialización

No todas las compras son iguales. La investigadora del Instituto Cerdá, Vanessa Blanch, matiza que el estudio se centra en las «cotidianas de uso frecuente» y en el «gran consumo».

De acuerdo a los datos oficiales de Ministerio de Medio de Ambiente, Rural y Marino, en España hay 16,3 millones de clientes habituales de alimentación. Éstos son los encargados de aprovisionar el hogar de alimentos y productos de gran consumo y, de media, visitan las tiendas dieciséis veces al mes. «El consumidor decide donde compra, por más que se intente imponer un formato. Pero en las actividades cotidianas, la proximidad de los establecimientos a las zonas residenciales importa», señala Blanch.

El estudio, por tanto, se circunscribe a un tipo de consumo muy concreto, ligado a la vida cotidiana. Por eso, los investigadores del Instituto Cerdá señalan que no se pueden generalizar sus conclusiones a otros tipos de oferta comercial. Por ejemplo, un hipermercado especializado en sectores muy concretos (hogar, textil, tecnología, etcétera) sólo es visitado entre dos y tres veces al año por los consumidores.

Por tanto, no se puede concluir que generen la misma movilidad de vehículos y emisiones de CO2 que un formato de gran consumo o alimentación.

Confusión

La Ley de Economía Sostenible es el gran proyecto económico del Gobierno para lo que queda de legislatura. Un texto prolijo que el propio Consejo Económico y Social ha criticado por el desorden de ideas y la falta de claridad en su aplicación.

Expansión 01-02-10

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