El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) mantiene su estrategia de tensar la cuerda sin romperla en sus relaciones con Mariano Rajoy. Ayer confirmó que se dispone a presentar sendos recursos de inconstitucionalidad contra los decretos del Gobierno con los recortes en educación y sanidad. Este movimiento, sin embargo, no será inmediato a la espera de que el órgano consultivo de la Generalitat, el Consejo de Garantías Estatutarias, se pronuncie al respecto. Además, el Gobierno catalán mantiene abiertos sus canales de contacto con el Partido Popular (PP) y espera su apoyo para futuros recortes.
Sin embargo, por el horizonte ya despunta un nuevo frente de tormentas. El Gobierno catalán da por hecho que el Ministerio de Industria presentará en breve un plan de liberalización de horarios comerciales que superará el marco de aperturas vigente en Cataluña, que limita a ocho festivos la posibilidad de abrir las tiendas.
El miedo a una aproximación al modelo del “todo abierto” de la Comunidad de Madrid se ha instalado entre los comerciantes catalanes. Con las ventas bajo mínimos y muchos locales vestidos con el cartel de cierre, el sector teme ahora una nueva oleada liberalizadora que ponga en más aprietos al pequeño comercio. Y el Gobierno catalán, que ve amenazadas también las competencias de la Generalitat, tocó a rebato la semana pasada. Se reunió con todos los agentes, les confirmó el ruido de tambores que llega de Madrid y llamó a hacer una defensa cerrada del modelo catalán tal como se conoce ahora: ley propia, ocho días de apertura y 72 horas de apertura. Eso sí, el director general de Comercio, Josep Maria Recasens, negó que vaya a ser inminente.
La patronal de grandes superficies Anged fue la única que rompió el consenso. El apoyo del resto de patronales y sindicatos a cualquier ofensiva se da por descontado. “El marco actual es constitucional y conveniente”, resume Miquel Àngel Fraile, presidente de la Confederación Catalana del Comercio, la patronal más representativa, quien avisa: “no respetaremos cualquier cambio legislativo”.
“El marco actual es constitucional y conveniente”, resume Miquel Àngel Fraile
Las intenciones del Gobierno central pasan por incrementar el número de días festivos —ahora el mínimo son ocho días— y plantear una mayor libertad de apertura en los municipios turísticos, según ha manifestado el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. Un portavoz del Ministerio de Industria señaló ayer que las medidas no están todavía decididas y que se está negociando con las comunidades y las patronales del comercio para consensuarlas. De hecho, está previsto que este mes García Legaz mantenga una reunión en Barcelona con los actores catalanes para exponer sus planes y aprovechar para lanzar otro tipo de medidas para dinamizar el comercio.
Los comerciantes no quieren oír hablar ni de más festivos ni de ampliar las excepciones en nuevas zonas turísticas. Si sucediera, aseguran, se produciría un trasvase de negocio del pequeño comercio a los grandes grupos que conllevaría mayores dificultades económicas a uno de los sectores más perjudicados por la crisis y la caída de la demanda interna.
“Nos esperamos que el Gobierno apruebe un decreto ley que duplique el número de días festivos actual”, señaló ayer Óscar López, de la Federación de Comercio de UGT. Ginés López, de CC OO, señaló que la medida acarreará mayor desempleo en el pequeño comercio, ante la incapacidad de poder competir. Industria niega esa tesis y asegura que donde hay más libertad cierran menos empresas.
El miedo a un decreto inminente fue de tal magnitud que una patronal se puso en contacto con el ministerio el pasado viernes para asegurarse de que el decreto no se aprobaría durante el Consejo de Ministros. De poco sirvió la llamada a la calma que lanzó el director general de Comercio, Josep Maria Recasens.
Antes de afrontar esta batalla el Gobierno catalán espera dejar claro que no tolerará más invasiones competenciales. Ayer acordó llevar al Consejo de Garantías Estatutarias, organismo consultivo de la Generalitat, tanto el decreto de Educación como el de Sanidad. Esto se hace como proceso previo para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Las quejas del Gobierno catalán se centran en el ámbito educativo. Considera que en lo que se refiere a educación primaria y secundaria la norma invade competencias tanto en lo referido a la determinación de la jornada lectiva del personal docente como a la ampliación del periodo de sustitución transitoria de los profesores.
Antes de afrontar esta batalla el Gobierno catalán espera dejar claro que no tolerará más invasiones competenciales
Otra de las medidas es conseguir un acuerdo en el Parlament para instar al Gobierno central a que presente informes de viabilidad económica de las obras públicas en las que participe en Cataluña.
En el ámbito universitario, el Gobierno entiende que los artículos 6 y 7 del decreto, que modifican la Ley Orgánica de Universidades, lesionan el principio de equidad en el acceso a la educación superior. El Gobierno catalán amenaza con todo tipo de recursos si se mantiene la política recentralizadora del Ejecutivo central. Con una excepción: de momento no se recurrirá la reforma laboral, pese a la invasión de competencias que produce. El argumento para no hacerlo es que la reforma sigue en fase de tramitación.
El portavoz, Francesc Homs, lamentó que el Ejecutivo admita abiertamente que quiere recuperar competencias. “Lo expresó claramente la semana pasada la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría”, recordó Homs. El portavoz cuestionó la forma en que está recortando gasto el Gobierno central y propuso que para evitar duplicidades se supriman los ministerios que apenas tienen competencias. Citó dos: Sanidad y Educación y Cultura.
El País 09/05/2012 (ver noticia)
