La gran patronal de la distribución alimentaria cree también que la subida del IVA neutraliza el esfuerzo de las empresas para ajustar precios.
La confianza es la mejor medicina para levantar de nuevo el vuelo. Pero en el engranaje económico, no todo funciona en favor de ella. «El sector de la distribución está sometido a un coste regulatorio enorme y creciente del que no son conscientes los propios poderes públicos y que repercute de forma negativa en la productividad de las empresas», aseguró ayer el presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), José Pedro Pérez-Llorca, durante la asamblea general de la organización.
La principal patronal de la distribución alimentaria, que agrupa a más de 400 empresas y da empleo a 220.000 personas, considera que la Directiva de Servicios es una oportunidad evidente para simplificar el entramado legal que pesa sobre el sector. No obstante, para su director general, Ignacio García Magarzo, «a fecha de hoy, no se puede confirmar que la regulación sea más segura y previsible para las empresas». El debate de la nueva ley de comercio ha sido, en su opinión, «más político» que económico. Es decir, la lucha de competencias entre las comunidades y el Estado han terminado eclipsando los asuntos de interés comercial.
El «mayor riesgo», para Ignacio García, es que la incorrecta interpretación de la Directiva por parte de algunas comunidades acabe generando «conflictos» en los tribunales y, por tanto, «incertidumbre en el sector».
El director general de política comercial del Ministerio de Industria, Ángel Allué, defendió una ley que, en su opinión, ha «respetado el marco constitucional» y las competencias que éste asigna a las comunidades. El Departamento que dirige Miguel Sebastián «estará muy vigilante para que la Directiva de Servicios se lleve por buen camino». No obstante, los proyectos presentados ya por algunas comunidades han levantado suspicacias entre juristas y empresarios porque no se ciñen por completo al impulso liberalizador de Bruselas.
El futuro de la regulación no es lo único que preocupa a las empresas de la distribución alimentaria. España vive una crisis de confianza que deja huella en el sector privado. El comercio minorista ha sufrido en el último año recortes de la facturación de hasta siete puntos en algunos meses. Pérez-Llorca matizó que en lo que respecta a los supermercados, ha descendido más el valor de las ventas que el volumen. Es decir, las empresas ha realizado un «enorme esfuerzo por ajustar sus márgenes y ganar eficiencia», incluso, hasta poner en riesgo la rentabilidad de las compañías.
En este contexto, medidas como el encarecimiento de la factura eléctrica o la próxima subida del IVA «neutralizan los esfuerzos de la distribución» para afrontar la crisis, puntualizó Pérez-Llorca.
ASEDAS, que celebró por primera vez su asamblea en la sede la CEOE (fue incluida en la patronal en verano), pidió medidas estructurales y un gran pacto para devolver la confianza. Los supermercados exigen que no se impongan nuevos costes a las empresas. Y abogan por cambios regulatorios en el mercado de trabajo que favorezcan la utilización de contratos a tiempo parcial, la lucha contra el absentismo y el mayor protagonismo del contrato de fomento del empleo.
Expansión 22-10-2009
