Bruselas ataca las restricciones comerciales en Cataluña

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TdJ) ha pedido a ese tribunal que declare contrarias a las reglas comunitarias sobre libre establecimiento, las antiguas normas reguladoras para el establecimiento de grandes superficies comerciales en Cataluña. Las sentencias del TdJ siguen en una mayoría abrumadora de casos las orientaciones del Abogado General.

A raíz de una denuncia presentada por diversas empresas del sector de la gran distribución, la Comisión Europea (CE) manifestó dudas sobre la compatibilidad de esta antigua normativa con la regulación sobre libre establecimiento en la UE. Después de advertir a España sobre la necesidad de cambiar esas normas, el 23 de diciembre de 2007, le envió un dictamen motivado en el que solicitaba que adaptase su legislación en el plazo de dos meses.

Al vencimiento de ese plazo y como no se había adoptado medida alguna, la CE interpuso un recurso, solicitando al TdJ que declarase que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libertad de establecimiento al imponer determinadas restricciones al establecimiento de superficies comerciales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En concreto, la CE estimaba que estas restricciones benefician al pequeño comercio tradicional en Cataluña –y, por consiguiente, al comercio local– frente a los establecimientos de mayores dimensiones que prefieren los operadores de otros Estados miembros.

En sus conclusiones el Abogado General observa, en primer lugar, que las disposiciones controvertidas no colocan a los operadores de otros Estados miembros en una posición de notable desventaja frente a los operadores españoles y por tanto no crean una discriminación indirecta por razón de la nacionalidad.

Considera que es cierto que, de entre las disposiciones que se derivan de la normativa catalana, los límites de superficie de venta por cada comarca y municipio que afectan exclusivamente a los hipermercados (que son un tipo de grandes establecimientos comerciales) y la prohibición de implantar grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de un número limitado de municipios, tal como la necesidad de recabar la opinión de una comisión consultiva en la que participan competidores se aplican a los grandes establecimientos comerciales.

Asimismo, otras restricciones que se derivan de la normativa nacional se aplican a todo tipo de grandes establecimientos comerciales y únicamente a éstos. Sin embargo, la Comisión no ha demostrado que los operadores de otros Estados miembros prefieren los establecimientos comerciales más grandes, y los españoles los de menor tamaño.

En segundo lugar, el Abogado General recuerda que el Tratado prohíbe cualquier medida nacional que, aun cuando sea aplicable sin discriminación por razón de la nacionalidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales de la Unión, de la libertad de establecimiento.

Además, todo sistema de autorización previa para la apertura de establecimientos comerciales tiene, por definición, un efecto directo en la libertad de establecimiento de los operadores, y esto es aplicable a cualquier obstáculo que forme parte del procedimiento de autorización.

Por lo tanto, las disposiciones de la legislación catalana y nacional, al representar obstáculos reales o, en todo caso, al tener una repercusión negativa en el número de solicitudes presentadas, constituyen restricciones a la libertad de establecimiento.

En tercer lugar, el Abogado General considera que, el límite de cuota de mercado y los requisitos relativos a las repercusiones sobre el pequeño comercio existente con anterioridad no pueden ser justificados pues no tienen como finalidad proteger a los consumidores garantizando una competencia más eficaz en términos de precio, calidad y variedad, sino que afectan más bien a la estructura del mercado.

En conclusión, el Abogado General propone que el Tribunal de Justicia declare que al adoptar o mantener dichas disposiciones, España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libertad de establecimiento.

Expansión 07.10.2010 (Ver noticia)

Si te ha gustado, hazlo social Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Print this page
Print
Email this to someone
email
× WhatsApp