Catalunya: Alarma en el comercio por la demora de su ley

El calendario avanza inexorable. La negociación, no. Cada vez parece más difícil, por no decir imposible, que la nueva ley del comercio de que debe dotarse Cataluña, que aún no ha pasado ni por el Consell Executiu, pueda entrar en vigor coincidiendo con la fecha tope que marca Bruselas, el próximo 28 de diciembre. Y la incertidumbre que plantea este patinazo, que los comerciantes y la oposición atribuyen a diferencias dentro del tripartito entre republicanos y socialistas, es grande: ¿qué ocurrirá con las empresas que soliciten licencia para abrir una nueva gran superficie a partir del próximo enero si la nueva normativa no ha entrado aún en vigor? La respuesta es que, si el Gobierno catalán le denegara el permiso sobre la base de la normativa catalana actual, la empresa podría acudir a los tribunales e invocar los principios de la directiva europea que regula los servicios. Y la filosofía de la llamada directiva Bolkenstein es más más liberal respecto a las nuevas superficies. Estará vigente a partir de Navidad.

«La incertidumbre jurídica que se vislumbra es descomunal y algunas empresas pueden intentar aprovecharlo», se queja Miguel Ángel Fraile, secretario general de la Confederación del Comercio de Cataluña (CCC), en pugna eterna con los gigantes que agrupa la patronal ANGED.

La inquietud ha prendido hasta lo indecible en un sector que en Cataluña es material sensible por el modelo de comercio urbano que defienden todos los partidos -incluido el PP de la comunidad, aunque con menos ahínco- y porque conforma una cantera de votos especialmente cortejada por los republicanos de ERC y los nacionalistas de CiU.

El Gobierno catalán presentó ante el sector un borrador de la ley en mayo pasado. Un borrador que, como enseña, fijaba en 800 metros cuadrados la superficie mínima para poder solicitar licencia comercial en Cataluña, donde, por lo general, los grandes establecimientos ya sólo tienen cabida en las tramas urbanas consolidadas. En poblaciones de hasta 25.000 habitantes, el borrador prevé que sólo puedan pedir licencia establecimientos con una superficie de venta de entre 800 y 1.300 metros cuadrados. En el caso de localidades de entre 25.000 y 70.000 habitantes, pueden solicitarla establecimientos de entre 800 y 2.000 metros cuadrados. El tope sube hasta los 2.500 metros cuadrados de superficie en el caso de ciudades de más de 70.000 habitantes.

 

Los comerciantes -y no sólo la CCC, sino también las empresas distribuidoras de alimentación reunidas en el CEDAC y las empresas familiares que agrupa Comertia, entre otras- han pedido, entre otras reivindicaciones restrictivas respecto de lo propuesto, que las grandes superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados sólo puedan implantarse en tramas urbanas de más de 100.000 habitantes.

Pasa a la página 2En julio, el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, y la directora general de Comercio, Gemma Puig, se comprometieron a negociar con el sector la incorporación de al menos parte de sus reivindicaciones, entre las cuales figura una deseada simplificación administrativa que juega en detrimento del poder de los ayuntamientos y cuya pérdida no se ve tan clara desde el PSC.

También prometieron negociar intensamente durante la segunda mitad de agosto y tener listo un texto en septiembre. «Sí, también a nosotros nos lo dijeron, pero estamos a finales de septiembre y no nos han convocado siquiera para hablar», lamenta Josep Maria Recasens, presidente de la sectorial de Comercio de Convergència. La oposición da por hecho que la norma, que aún debe negociarse con el sector, ser aprobada como anteproyecto por el Gobierno catalán y pasar por una batería de trámites previos y por el Parlament, no podrá entrar en vigor antes de la fecha tope de diciembre. «Un gobierno responsable no puede estar al albur de lo que ocurre. Podría ser una ranura legal que cree una situación jurídicamente compleja», añade Recasens.

Preguntado al respecto, el diputado de ERC responsable de Comercio, Alfons Quera, afirmó que el Departamento de Innovación (también en manos de los republicanos) «sigue comprometido con la fecha». Las modificaciones que aún se cocinan en el tripartito aún no han trascendido. Algunos de los aspectos en los que el departamento de Huguet estaría dispuesto a ser flexible y ceder ante el sector son, por ejemplo, que la Generalitat elimine de la normativa las «áreas de desarrollo estratégico» en las que, de forma discrecional, un acuerdo de la Generalitat puede hacer que se acepte la implantación de un nuevo establecimiento donde lo desee. También está en el aire que puedan implantarse zonas comerciales en las áreas fronterizas con Francia o con comunidades autónomas colindantes, como prevé el borrador.

Sin embargo, no está nada claro en qué ciudades se podrá abrir hipermercados (más de 2.500 metros cuadrados). La Generalittat quiere que en poblaciones de más de 70.000 habitantes, y los comerciantes, en las de 100.000. Y en este punto es, además, donde entran en juego los ayuntamientos, que desean meter baza y piden límites más bajos. Los municipios quieren asimismo que en las tramas urbanas residenciales (parte de la ciudad, pero de menos densidad geográfica) se puedan abrir tiendas de entre 400 y 800 metros cuadrados, cuando el máximo que plantea la Generalitat son 400 metros.

El País 21/09/2009

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