CiU fuerza al Gobierno a rebajar a 60 días los plazos de pago en el comercio

La reforma de Ley de Morosidad para reducir los retrasos de pagos entre empresas va a salir, por fin, mañana martes, de ese largo letargo parlamentario en que la han sumido las tácticas dilatorias del Grupo Socialista.

Para ese día se ha convocado la ponencia que debe dar el pistoletazo de salida a la tramitación de la proposición de ley que lleva prácticamente un año, desde el 24 de marzo de 2009, en el Congreso y que fue presentada por Convergencia i Unió y apoyada por todos los grupos parlamentarios, incluso por el partido del Gobierno.

Claro que los socialistas se subían a última hora al carro de los proponentes para no quedarse solos y perder la votación del pleno que acordaba la admisión a trámite de una iniciativa cuya principal medida es la reducción de los plazos de pago a «60 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente».

Máximo de 60 días

Un plazo máximo e improrrogable que se refuerza, además, con la supresión de la cláusula vigente en la normativa actual que permite ampliar estos plazos «por acuerdo expreso entre las partes». Una cláusula que tanto los nacionalistas catalanes como el Partido Popular consideran «abusiva» al poner a las pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos en manos del libre albedrío de las grandes.

La reforma de la Ley de Morosidad ha sido una de las condiciones irrenunciables que el portavoz de Convergencia i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida exigió a su homólogo del PSOE, José Antonio Alonso, durante el encuentro que ambos mantuvieron el pasado martes para buscar un acuerdo sobre las medidas anticrisis y para la recuperación de la economía.

El propio Duran i Lleida transmitía esta exigencia al presidente del Gobierno, al día siguiente, durante el debate sobre la situación económica al recordarle: «Tenemos en esta Cámara, en la Comisión de Economía, una Proposición no de Ley de lucha contra la morosidad, presentada por CiU y apoyada por todos los Grupos Parlamentarios. Apóyenla, señor presidente. Urge y es oportuno aprobar ahora estas medidas».

«Jugarreta malintencionada»

En el mismo escenario, el presidente del Partido Popular, que también ha incluido esta reforma entre sus condiciones para el Pacto, instaba a Rodríguez Zapatero a que «‘anuncie aquí que se va a aprobar una verdadera ley contra la morosidad, sin subterfugios, con un límite de sesenta días para el pago de las facturas, que no deje al simple pacto entre las partes el cumplimiento de pago o de la emisión de la factura».

Sin embargo, el desbloqueo de la ley, el pasado martes, se producía no a instancias del PSOE, sino de CiU, que decidió retirar el recurso que había presentado contra las enmiendas del Grupo Socialista, que eliminaban la totalidad del articulado de la Proposición de Ley, excepto dos que se sustituían por una mera instancia al Gobierno para que presente en el plazo de tres meses sus propuestas de reforma de la Ley de Morosidad y de la Ley de Contratos del Sector Público. Unas enmiendas que han sido calificadas desde el grupo catalán de «jugarreta malintencionada y perniciosa para allanar el camino a la iniciativa propagandística de la Ley de Economía Sostenible».

En cualquier caso, y aunque el Grupo Socialista decidiera a última hora no apoyar la iniciativa de Convergencia i Unió, los nacionalistas catalanes cuentan con los apoyos seguros del Partido Popular, PNV y Coalición Canaria para rechazar las enmiendas del PSOE, además de con algunas formaciones del Grupo Mixto. Con este fin, los portavoces de CiU y el PP en la Comisión de Industria del Congreso tienen previsto convocar una rueda de prensa conjunta este miércoles para exponer sus posiciones.

Otras modificaciones

La proposición de ley de CiU establece también que en caso de demora de los pagos el deudor deberá pagar un interés que, en ningún caso, podrá ser «inferior al interés legal del dinero incrementado en un 50%».

Fija también el texto la indemnización que el acreedor tendrá derecho a reclamar a los deudores morosos y que no podrá superar «el 15% de la cuantía de la deuda», excepto en los casos en que ésta «no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización está constituido por el importe de la deuda». Para las Administraciones Públicas, la proposición de ley exige que el plazo de 30 días que se impone en la Ley de Contratos del Sector Público se adelante dos años y empiece a aplicarse a partir del 1 de enero de 2011.

El Economista 22/02/2010

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