Competencia advierte de que la Ley de Comercio será rechazada por Bruselas

El órgano sancionador critica la norma porque no recoge el mandato liberalizador de la Directiva de Servicios al mantener la licencia autonómica

El comercio es un sector sensible, dividido y su compleja realidad genera controversia política. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha tomado parte y ha advertido al Gobierno de que, si prospera el texto de la nueva Ley del Comercio sometido a consulta pública, será rechazado por la Unión Europea. Competencia cree que se trata de un texto intervencionista por mantener el poder de las comunidades autónomas y que no traspone adecuadamente el mandato liberalizador de la Directiva de Servicios.

El Ministerio de Industria, tras el visto bueno del Gobierno, ha girado el texto al sector, a la Comisión Nacional de la Competencia y al Consejo Económico y Social. El texto que pasó por el Consejo de Ministros el pasado 24 de abril cedió al final a las exigencias de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana para mantener el poder de las autonomías a la hora de autorizar las aperturas de supermercados e hipermercados.

La norma girada al sector fija unos requisitos muy concretos para que no se bloqueen aperturas de comercios por razones de «interés económico», como ocurre ahora con la actual Ley de Comercio de 1996. El texto todavía vigente da un poder muy grande a los Gobiernos autónomos y «da un poder arbitrario a las autonomías», según ha criticado la gran distribución y la propia Comisión Nacional de la Competencia en otras ocasiones.

La nueva norma, a pesar de avanzar algo, está muy lejos de las tesis liberales de la CNC, que reclamaba abiertamente la eliminación de la licencia autonómica, aunque con algún pequeño margen de decisión para las comunidades. La CNC lleva varios años defendiendo la tesis de que una mayor libertad en las aperturas comerciales no sólo no va contra el pequeño comercio, sino que es beneficioso para la creación de nuevos empleos y para la rebaja de precios al consumidor al incrementarse la competencia entre las empresas.

La reforma que propone el Gobierno establece que las aperturas sólo pueden bloquearse por las autonomías por «razones imperiosas de interés general». Cita tres: defensa del medio ambiente, entorno urbano y la conservación del patrimonio histórico. Estos requisitos suponen un avance a la hora de limitar el poder autonómico, pero sin llegar a la liberalización total.

La redacción final ha sido enviada a los tres escalones del sector (grandes superficies, supermercados y pequeño comercio) para que hagan sus sugerencias, así como al Consejo Económico y Social (CES) y a la CNC. Finalmente, y con los retoques que se consideren válidos por Industria, se enviará el texto al Consejo de Estado.

La CNC, en el informe enviado a Industria, ha reforzado sus críticas ya vertidas en el informe del pasado 6 de abril en que se reclamaba que se eliminara «de plano la obligación de obtener licencia específica para abrir una superficie comercial», un permiso que dan las comunidades autónomas y que se resisten a perder.

Para Anged, la patronal de las grandes superficies, no existe justificación para tramitar de forma independiente la Ley de Comercio de la llamada Ley Omnibus que adapta la Directiva de Servicios. En ella se han incluido otros sectores económicos, pero sin justificación aparente, se ha dejado al margen el comercio.

Fuentes de Anged han señalado que «la supuesta excepcionalidad de la distribución comercial supone un agravio comparativo, lo que perpetúa el intervencionismo sobre el sector». Esas fuentes añaden que «no hay razones objetivas para exigir un trámite específico para la implantación de un centro comercial cuando no se exige para la apertura de un hotel o un cine por ejemplo».

Para la Confederación Empresarial de Comercio (CEC), que engloba a los pequeños comerciantes, el texto es válido y aceptable en su actual redacción. «Se trata de una iniciativa neutral que garantiza las competencias autonómicas fijadas en los estatutos de autonomía», afirma Miguel Ángel Fraile, secretario general de la CEC. A su juicio, el nuevo texto es válido, ya que todas las partes han cedido terreno y se mejora en transparencia y simplificación las aperturas comerciales. Fraile cree que los Gobiernos autónomos deber controlar el futuro del comercio.

En opinión de Asedas, que aglutina a los supermercados, la futura ley debe asegurar que se cumplan los requisitos de la directiva: el carácter excepcional de las licencias por razones imperiosas de interés general. «Por nuestra parte, tenemos claro que los supermercados tienen un impacto positivo sobre el medio ambiente urbano y por ello no deben necesitar licencia autonómica», dicen en Asedas.

El pleno del Consejo Económico y Social, en su reunión del pasado miércoles, aprobó el dictamen sobre la Ley de Comercio. El CES ha pedido que se detallen expresamente todas las razones de interés general que admite la Directiva de Servicios para limitar la instalación de establecimientos comerciales.

La nueva ley

– Con carácter general, la instalación de nuevos establecimientos no estará sujeta a autorización.

– Se necesitará, no obstante, autorización autonómica cuando concurran razones imperiosas de interés general relacionadas con la protección del medio ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico.

– Las empresas de ventas a distancia que trabajen en más de una comunidad autónoma deberán comunicarlo a Industria en el plazo de tres meses para poder operar.

El País 23/05/2009

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