El debate de la financiación regional frena la liberalización del comercio

El pulso entre el Estado y las autonomías gana intensidad. La incertidumbre en torno al futuro sistema de financiación autonómica ha dejado aparcados otros asuntos que, en principio, se presentaron como las grandes reformas estructurales de la legislatura. Entre otras, la aplicación de la Directiva de Servicios europea y su repercusión sobre sectores tan importantes como el comercial.

 

El Ministro de Industria, Miguel Sebastián, tenía ya preparado un proyecto de ley de Comercio que, previsiblemente, debería haber aprobado el Consejo de Ministros en diciembre. Pero en plena discusión de la reforma del sistema de financiación regional, las pretensiones de Sebastián de poner límites al marco regulatorio del comercio autonómico han chocado contra un muro.

 

Distintas fuentes empresariales y autonómicas consultadas por EXPANSIÓN aseguran que el Ministerio de Industria ha iniciado una nueva ronda de contactos con los ejecutivos regionales y sopesa, como algunos círculos del equipo económico del Gobierno habían propuesto desde el principio, no poner límites al sistema autonómico de licencias comerciales. Es decir, dejar a cada ejecutivo regional, como administración competente en la materia, interpretar de forma más libre la Directiva.

 

El proyecto de Sebastián exigía a las comunidades no imponer ningún tipo de régimen de autorización especial a los establecimientos de menos de 2.500 metros cuadrados. Por encima de este límite, el proyecto autoriza a mantener –de forma voluntaria– las licencias específicas siempre que se acojan a las “razones imperiosas de interés general” recogidas en la Directiva –el urbanismo, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el orden público, la circulación, etc.–.

 

La ley de 1996 ya fijaba los 2.500 metros como baremo para catalogar una “gran superficie”. Sin embargo, todas las autonomías habían impuesto regímenes de licencias especiales para establecimientos menores argumentando “criterios económicos”.

 

La ley de Sebastián supone, por tanto, un desafío a la estructura comercial de muchas regiones. Así como una acotación de sus competencias. Aunque también, les deja manga ancha para interpretar las “razones de interés general” que cita la Directiva. Por ejemplo, pueden otorgar al planificador urbano potestad discrecional para decidir los equipamientos comerciales de las ciudades y pueblos, siempre que respondan a supuestos de medio ambiente, orden público o patrimonio. Es decir, sustituir las licencias especiales sobre el gran comercio por un control urbanístico previo.

 

“Bruselas no habla ni de límites de 2.500 metros cuadrados ni de licencias”, explica Miguel Ángel Fraile, secretario general de la Confederación Española de Comercio, patronal que representa al pequeño comercio. En su opinión, no hay motivos para introducir retoques en un sistema de competencias territoriales que “ha funcionado bien” y recuerda a Sebastián que sin el consenso de las autonomías no podrá sacar adelante la nueva ley.

 

El director general de la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Ignacio García, apunta que lo “más importante es que se reduzca el coste regulatorio para las empresas independientemente de cómo estén repartidas las competencias. Aspiramos a un marco lo más homogéneo posible y riguroso con la Directiva”.

 

En mitad de esta parálisis, muchas autonomías ya han comenzado a revisar libremente su normativa comercial –ver apoyo–. Y, de momento, las líneas generales de Industria no se ven plasmadas en los planes regionales.

 

Las comunidades comienzan a revisar sus leyes

País Vasco

La comunidad autónoma vasca fue la primera en adaptar en junio su legislación comercial al nuevo marco de la Directiva de Servicios. Destaca el poder que otorga al planificador urbano para controlar las nuevas implantaciones comerciales, sobre todo, las de mayor tamaño. Además, entiende por gran superficie toda “superficie edificada” superior a 700 metros cuadrados. Es decir, un límite que incluye desde supermercados medianos a centros comerciales.

 

Galicia

La Xunta elaboró un denso anteproyecto de ley, pero las elecciones autonómicas lo ha dejado, de momento, parado. Mantiene el régimen de licencias especiales para grandes superficies, que define en función de la población de los municipios. E introduce requisitos para otorgarlas como la eficiencia energética, los planes de conciliación laboral o la igualdad de género, entre otros. También regula asuntos como el idioma y la señalización de los comercios o el régimen de ofertas.

 

Baleares

El Gobierno balear mantiene un sistema de licencia autonómico para todos establecimientos mayores de 700 metros cuadrados (en Ibiza, Menorca y Formentera es menor). La concesión requiere un informe previo y vinculante de una Comisión Interadministrativa que, entre otras cosas, exigirá que las superficies se integren en la trama urbana, o que tengan un certificado de eficiencia energética, contaminación acústica y emisión de CO2. Las tiendas de menos de 150 metros tienen plena libertad.

 

Canarias

El Gobierno insular ha intentado eliminar los criterios económicos que regían hasta ahora y adaptarse a las razones de interés general que marca la directiva. Diversas fuentes jurídicas consultadas por este periódico creen que, de momento, es el que mejor encaja en las líneas generales propuestas por Industria. Aunque, evidentemente, plasma diversos asuntos específicos que su condición de archipiélago de ultramar le permiten. Sobre todo, para aquellas islas más pequeñas.

 

Resto de regiones

Casi todas las autonomías están expectantes ante la respuesta de Sebastián. Madrid, por ejemplo, ya impulsó un plan de liberalización del comercio centrado en la simplificación burocrática y la supresión de algunos límites. Aunque mantuvo el régimen de licencias para grandes superficies a expensas de la reforma nacional. Otras autonomías, como Cataluñao Andalucía, han sido denunciadas por Bruselas por las restricciones impuestasa las empresas del sector.

 

Expansión 21/01/2009

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