El Gobierno vuelve al punto de partida con el comercio

El ejecutivo busca más coordinación autonómica justo después de cerrar un proceso de reforma en la política comercial.

El Gobierno ha decidido llevar algunos debates económicos al punto de partida. La prioridad en política autonómica pasa ahora por estrechar los gastos, cuando en los últimos seis años se ha estado hablando de cómo descentralizar más competencias, con una ola de reformas estatutarias; cómo mejorar los ingresos de las autonomías, con un nuevo modelo de financiación, y de cómo ampliar su cartera de servicios, con la Ley de Dependencia.

En política comercial se ha abierto una discusión similar. El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado un esfuerzo por coordinar las actuaciones de las comunidades en esta materia y apostar por la liberalización.

Un mensaje contradictorio si se tiene en cuenta que hace menos de un año se cerró la adaptación de este sector a la Directiva de Servicios europea. O si se recuerda que en 2004, nada más llegar a La Moncloa, el Gobierno lanzó una ley de horarios comerciales que otorgó dé más poder a las autonomías, al rebajar de 12 a 8 el mínimo de domingos y festivos con derecho de apertura.

Voces autorizadas como la del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, han criticado por activa y por pasiva en los últimos dos años la “falta de ambición” del Gobierno y, sobre todo, de las comunidades para emprender una adaptación profunda del comercio minorista a los principios de libertad de establecimiento y apertura que inspiran la Directiva de Servicios.

El riesgo de todo este proceso, como también ha insistido Berenguer, es que muchas de las leyes acaben en los tribunales. Y ejemplos no faltan. El último, es la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley de comercio de Cantabria de 2002, por invadir sus competencias regionales a la hora de fijar las condiciones de las promociones comerciales.

El Tribunal concluye que los límites temporales y cuantitativos impuestos por esta comunidad a las promociones de artículos y productos en un establecimiento “afectan sobre todo a la relación horizontal entre las empresas en una economía de mercado, y no a la situación del consumidor como destinatario de los productos”. Es decir, “tiene como objeto afectar al régimen de competencia entre los ofertantes” de un mercado, “imponiendo un marco homogéneo” para todas las empresas que termina por “incidir en la actuación de los comerciantes en su relación con otros”.

La sentencia redunda en los puntos de fricción que han avivado tradicionalmente el debate en torno a este sector. En primer lugar, organismos internacionales como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea han achacado siempre a España que la cesión de las competencias de comercio interior a las autonomías ha dado pie a un modelo excesivamente regulado, complejo y con barreras de entrada para nuevos competidores.

Frente a este argumento, un parte importante del espectro político y empresarial han justificado esta profusión de leyes regionales como una forma de adaptar las normas a la realidad de cada comunidad y, también, como una herramienta para garantizar el equilibrio entre pequeño, mediano y gran comercio. Un argumento que desde el prisma de las autoridades de competencia se observa como una protección excesiva al pequeño comercio que, bajo criterios de equidad económica, termina por perjudicar al consumidor final, la formación de precios y la entrada de nuevos competidores.

Avances

La última ley de comercio minorista lanzada por el Gobierno simplifica bastantes elementos de la vieja regulación. Entre otras cosas, suprime la definición de gran superficie y elimina, salvo en circunstancias excepcionales, las conocidas como segundas licencias autonómicas. Esto es, el permiso de la autoridad regional para la apertura de establecimientos de mayor tamaño.

De facto, a excepción de Madrid, todas las comunidades han revestido [la Directiva de Servicios lo permite] bajo criterios de ordenación urbana, medio ambiente o protección del patrimonio la licencia autonómica. Lo que plantea ahora el Gobierno afecta a otra ley, la de Horarios comerciales, en la que pesan los mismos argumentos.

En discusión

Marco común

Las comunidades ostentan la competencia exclusiva en materia de comercio interior. La ley del Estado fija el marco común sobre el que se desarrollan en resto de normativas autonómicas.

En el mundo empresarial hay dos posiciones en torno a este modelo: el pequeño comercio lo defiende, al entender que se adapta a la realidad específica de cada comunidad. Para los grandes formatos, en cambio, supone una carga burocrática excesiva y con barreras para la libre implantación.

Dos modelos

La Comunidad de Madrid se ha desmarcado del resto de autonomías en cuanto a política comercial. Frente a los ocho y diez festivos de apertura que de media se permiten en el resto de comunidades, Madrid lo amplió a 22.

Además, ha establecido libertad total de horarios (diarios) para favorecer nuevos formatos más flexibles y de 24 horas. La disparidad de la regulación en España ha generado, incluso, competencia entre regiones por atraer grandes centros comerciales.

Expansión 27/01/2011

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