La Comunidad es una de las regiones con menos restricciones al comercio

La Comunidad Valenciana es una de las regiones que menos trabas ponen en España a la apertura de nuevos comercios, según un informe de La Caixa sobre el sector servicios en España. El estudio coloca a España para como uno de los países más intervencionistas en la actividad comercial de los pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta situación se registra en vísperas de la entrada en vigor del nuevo texto legislativo que regulará la actividad del sector tras el proyecto de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Este texto fue aprobado por el Gobierno en un Consejo de Ministros celebrado el pasado mes de agosto siguiendo los criterios generales que marca la Directiva de Servicios (conocida como la Directiva Bolkestein) que pretende eliminar los obstáculos a la libertad de establecimiento, prestación y circulación de servicios dentro de la Unión Europea.

La comunidad más restrictiva de España es Asturias y la que menos Galicia. La Comunidad Valenciana junto con Madrid, La Rioja y Castilla La-Mancha están entre las que más abren la mano y menos impedimentos ponen. En una tabla del cero al siete, donde el siete es el máximo nivel de restricciones, la puntuación de la Comunidad Valenciana es de cuatro, y ocupa el quinto lugar en el ranking de las menos restrictivas.

El informe de La Caixa constata la notable diferencia entre autonomías. La Comunidad Valenciana mantiene la autorización del Consell para implantar establecimientos con un tamaño superior a los 2.500 metros cuadrados -para los de menor tamaño sólo se requiere licencia municipal-, si bien ese tamaño se reduce a los 700 metros en el caso de Baleares o País Vasco. Madrid no tiene tope.

En ese sentido, algunos estamentos como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) o el Banco de España, «han manifestado cierto desasosiego ante el temor de que la nueva legislación no abra las puertas a las competencia, tal como pretende la Comisión Europea», sostiene la Caixa. El mismo análisis recuerda que la «defensa de la liberalización del comercio parte de distintos argumentos, pero el coste de eficiencia y bienestar que una regulación inadecuada impone sobre los agentes económicos puede perjudicar a la productividad económica, y resulta negativa para el empleo y la inflación».

Sin citar casos concretos, el estudio realizado por la entidad financiera alerta de «las negativas consecuencias que pueden derivarse de una regulación excesivas, inadecuada o ajena al funcionamiento del mercado» que a su juicio entorpece la asignación eficaz de recursos y perjudica a las empresas más eficaces y dinámicas».

Diario Información 08/12/2009

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