La encrucijada de las Cámaras de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia cree que al final «habrá que elaborar otra ley»

El órgano castellonense ya está preparando un «plan de choque» para reducir gastosLas Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana ya se están exprimiendo los sesos para poder mantener su actividad formativa una vez entre en vigor, con todas sus consecuencias, el Real Decreto Ley (RDL) 13/2010 que elimina la obligatoriedad de afiliación y cuota obligatoria de las empresas. La decisión del Gobierno representa para las Cámaras dejar de percibir el 50% de los ingresos anuales que se destinan a la prestación de servicios de formación, modernización o internacionalización, entre otros

Los dirigentes de las c de la Comunitat Valenciana han calificado este decreto como otra «ocurrencia» del Gobierno, que logra el efecto contrario que persigue: resta recursos a las pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad a cambio de no pagar una cuota cameral que en muchos casos es irrisoria para la empresa.

A pesar de este y otros argumentos en contra de la decisión del Gobierno de Zapatero, la realidad es que el decreto está aprobado y en 2013 ninguna empresa, ni grande ni pequeña, estará obligada a satisfacer la cuota cameral.

¿Qué futuro les espera a las Cámaras de Comercio?. Nadie lo sabe, pero como es lógico, los responsables camerales ya buscan fórmulas para mantener sus servicios, sus plantillas y su actividad en beneficio de las empresas.

La primera salida que han encontrado es «vender» los servicios que prestan, recortar gastos, aplicar nuevas tarifas de forma escalonada y reducciones para aquellas mercantiles que decidan seguir abonando las cuotas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Castellón, Salvador Martí, es quien de forma más clara ha dibujado la situación. El dirigente explica que «la Cámara de Comercio de Castellón verá reducidos sus ingresos por el pago de la cuota cameral cerca de un 55%. Ante el nuevo escenario, ya nos hemos visto obligados a buscar financiación a través de la venta de servicios para poder mantener infraestructuras, personal y actividades».

Esta entidad ha adoptado una serie de decisiones para amortiguar el golpe. Según Martí, «siempre tratando el asunto con el mayor rigor, hemos puesto en marcha por un lado, un plan de choque para reducir al máximo los gastos y, por otro lado, estamos analizando la rentabilidad de los servicios y hemos comenzado a aplicar nuevas tarifas de forma escalonada».

La idea de la Cámara de Castellón es dar «un enfoque comercial a nuestra actividad, creando un nuevo catálogo de servicios en el que incluir unos, de pago, en los que se establecerán los costes que deberán abonar las empresas, y otros, con las reducciones para aquellas empresas que voluntariamente decidan formar parte de la Cámara. Por eso deberemos hacer un esfuerzo por explicar mejor las ventajas de pertenecer a la Cámara».

¿Y las plantillas, delegaciones, puntos de información?. Martí dice que la entidad que preside «no prevé realizar despidos y tampoco contempla, de momento, la fusión de sus delegaciones y puntos de información».

Otra alternativa sería aprovechar la posibilidad que otorga la legislación de colaborar con las Adminsitraciones Públicas. Martí es partidario de «potenciar las relaciones con las Administraciones puesto que la Ley nos permite establecer convenios y encomiendas de gestión y entendemos que la delegación de competencias a las Cámaras podría ser una solución para nuestra supervivencia».

La legislación aprobada por el Gobierno ha supuesto un impacto en la línea de flotación de estas entidades. Para Martí el hecho de que la nueva Ley Básica de las Cámaras mantenga, por un lado, el carácter de la Cámara como corporación de Derecho Público, con todo lo que conlleva, y elimine el sistema de financiación «ya nos ha obligado a realizar cambios para dar coherencia a todo el sistema, cambios que van desde modificaciones normativas hasta la propia reorganización de toda la estructura cameral. Desde la Cámara de Castellón trabajamos para realizar el cambio de modelo con todo el rigor y sensatez y pensando siempre en lo mejor para las empresas».

El presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, rechaza de plano el Real Decreto, pero se muestra más comedido.

Morata afirma que «el cambio de modelo de financiación de las Cámaras de Comercio no lo entiende nadie. La Ley que aprobó el gobierno modifica sustancialmente la financiación de las cámaras de comercio y rompe con un modelo vigente en la mayoría de países europeos».

Tras el estupor que provocó la decisión del Gobierno, los organismos camerales se han puesto a trabajar. José Vicente Morata explica que desde diciembre «las cámaras estamos trabajando en la búsqueda de fórmulas adecuadas que permitan que el cambio de un modelo a otro se realice con los menores problemas y costes para las empresas. Estamos hablando con el Ministerio de Industria y con el de Economía, con las organizaciones empresariales, con la CEOE, con los gobiernos autonómicos. Al final, estamos seguros de que será necesario elaborar una nueva Ley que regule la definición y actividades de las Cámaras».

Al principio se habló de presentar recurso de inconstitucionalidad, pero la opción parece descartada. Para el presidente de la Cámara de Valencia «el tema no es abordar si la reforma es o no constitucional, el asunto es que el Gobierno ha tomado una decisión que no entiende nadie, ni los empresarios, ni las comunidades autónomas, a las que por cierto no ha consultado, aunque son las administraciones tutelantes y tienen competencias sobre las cámaras. Ha sido una decisión, más bien una ocurrencia, errónea e incomprensible, que no ayuda a las pymes, más bien al contrario, es ahora cuando más apoyo necesitan de las cámaras».

Con todo, la realidad es que el recorte presupuestario llegará. En el caso de la Cámara de Comercio de Valencia, según apunta Morata, «por ahora no hay una merma de ingresos, existe un período de transitoriedad que dice que en un futuro, y si no hay ninguna norma posterior que contradiga el decreto, mermarán los ingresos. Pero eso está por llegar. Lo que estamos haciendo ahora es redefinir un nuevo catálogo de servicios y oferta más adaptada y equilibrada al tamaño de las cámaras».

José Enrique Garrigós, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, se pronuncia en la misma línea. Esta entidad lleva meses trabajando «en la ampliación de nuestro catálogo de servicios y en poner en marcha los mecanismos oportunos para ser competitivos y ofrecer a los empresarios una amplia variedad de prestaciones para facilitarles su tarea».

Su objetivo es que las empresas «se adhieran voluntariamente a la Cámara, y por tanto centraremos nuestros esfuerzos en demostrar que estamos preparados para asumir el reto de ser útiles y eficaces a las empresas».

¿Y qué dice la patronal? Para el presidente de Cierval, Rafael Ferrando, «hay que buscar fórmulas que permitan que las cámaras de comercio puedan continuar con su labor de apoyo a las empresas, sin que la no obligatoriedad del pago de las cuotas merme los servicios que reciben las empresas».

José Vicente González, presidente de la CEV, considera que la ley «no va a ser beneficiosa para las pymes, porque no supone un ahorro económico para las pymes». González considera que la solución sería «dar un impulso a la coordinación entre las cámaras y las confederaciones empresariales, de la que Valencia es un buen ejemplo, para racionalizar las fortalezas de ambas instituciones, optimizar recursos humanos y técnicos, eliminar duplicidades y ofrecer a las empresas servicios coordinados, unificados, eficientes y al mínimo coste».

Las Provincias 20.03.11 (Ver noticia)

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