La liberalización de servicios aportará un 1,2% al PIB y creará 200.000 empleos

La denominada Ley ómnibus, que modifica 47 leyes sectoriales para su adaptación a la Directiva europea de Servicios, ha superado en el Congreso de los Diputados su primer trámite parlamentario al no prosperar la enmienda a la totalidad de ERC-IU-ICV, por lo que el texto se debatirá en Comisión para introducir las enmiendas correspondientes. Esta Ley tiene por objetivo impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pymes en el sector servicios, que representa el 66% del PIB y del empleo en España.

El Proyecto de Ley modifica 47 leyes estatales de áreas como la administración pública, consumo, servicios profesionales, empleo, servicios industriales y construcción, energía, transporte y comunicaciones, medio ambiente y agricultura, y sanidad. Con esta reforma estructural del sector servicios, el Gobierno espera un incremento adicional del PIB de alrededor del 1,2% y la creación de entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo.

La nueva normativa supondrá la modificación de 116 decretos leyes y normas autonómicas y municipales en las próximas semanas y eliminará 16 regímenes de autorización previa, otros 32 los sustituirá por comunicaciones previas, y suprimirá 111 requisitos. Entre las principales modificaciones destaca la reforma de la Ley que regula los Colegios Profesionales, la mayor realizada desde 1997, y que afecta a un millón de trabajadores. Esta norma forma parte de los textos necesarios para transponer la directiva europea de servicios, que deberá estar en vigor el próximo 31 de diciembre.

Libertad de establecimiento

Entre los principales cambios figura la libertad de establecimiento, por la que se elimina la obligación de una autorización administrativa, salvo por razones de interés general. Esa autorización será sustituida por notificaciones y en el caso de que sea necesaria, será valida en todo el territorio nacional y la duración será indefinida. Tampoco se podrá limitar el número de permisos. Además, con la libertad de prestación de servicios se elimina las restricciones a las firmas extranjeras que quieran instalarse. Asimismo, las empresas de servicios podrán realizar todos los trámites en una única ventanilla y por vía electrónica. Y las administraciones españolas aceptarán documentos procedentes de otros estados de la UE, sin exigir originales o copias compulsadas

Otra de las novedades que introducirá la nueva normativa legal será que el prestador de servicios estará obligado a dar respuesta a las reclamaciones presentadas por los consumidores en un plazo máximo de un mes.

Sin duda, una de las novedades más llamativas de la nueva ley, y que satisface a un gran número de profesionales y autónomos, es el hecho de que las empresas de servicios no necesitarán autorización previa para ejercer su actividad. Para abrir un negocio de fontanería,por ejemplo, un empresario puede tardar de 15 a 240 días en conseguir los permisos, en función de la comunidad en la que se instale. El que opte por una autoescuela sólo puede abrirla en una comunidad autónoma y está obligado a comprar un coche por cada profesor que contrate, mientras que el quiera abrir una agencia de viajes debe aportar un capital mínimo para obtener la licencia de apertura.

Esa dispersión de requisitos y normas está mermando la creación de negocios y la competitividad de las empresas españolas de servicios, que aportan dos terceras partes del PIB y generan el mismo porcentaje de empleo.

Y ¿a qué sectores de actividad afecta este anteproyecto de ley? Pues están afectados, entre otros, hoteles, agencias de viajes, autoescuelas, centros de acción social, talleres de reparación, hipermercados, tiendas de alimentación, empresas de fontanería y electricidad, así como las de venta y distribución de periódicos.

Por el contrario, quedan exentos de la nueva regulación aquellos servicios regulados por otras directivas europeas (servicios financieros, transporte o empresas de trabajo temporal), los que responden a un interés general (transporte de agua o electricidad) y aquellos que se prestan sin percibir prestación económica.

Levante 05/10/2009

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