La transposición de la directiva de servicios vuelve al Consejo de Ministros

Cinco meses después de que el Gobierno analizara en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por el que se transpone a la legislación española la directiva europea de servicios -en vigor desde hace dos años-, el texto vuelve de nuevo el próximo viernes al Consejo de Ministros para en esta ocasión pasar ya al Congreso de los Diputados.

 

El objetivo es que poner en marcha un negocio o empezar a prestar un servicio deje de ser un suplicio. La principal novedad de la norma sobre el «libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios» consiste en la eliminación de los procesos de autorización previa que, cuando sea necesario, se sustituirán por notificaciones posteriores o declaraciones en las que los prestadores de servicios se responsabilicen del cumplimiento de los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de la actividad.

 

La calidad de las prestaciones se garantizará, por tanto, no a través de autorizaciones previas sino de inspección y control a posteriori, que se refuerza.

 

La nueva norma -que debe estar en vigor el 28 de diciembre de 2009- supondrá, según el Ejecutivo, un «cambio conceptual» en el modo de trabajar de las administraciones.

 

La normativa europea obligará al Estado español a modificar 80 leyes y 370 decretos. Pero además hay otros 6.550 procedimientos o normas de carácter autonómico y local que deben cambiarse o eliminarse antes de que finalice este año. Prueba de la excesiva regulación, así como de las disparidades entre municipios o comunidades autónomas es que, por ejemplo, para crear una empresa de fontanería se pueden necesitar 15 días o 240; y el coste puede ir desde los 100 euros a los 2.700, dependiendo del lugar en el que se ubique el negocio.

 

 Esta norma se aplicará a prácticamente todas las actividades de servicios, salvo los financieros, las comunicaciones electrónicas, transporte y servicios portuarios, empresas de trabajo temporal, servicios sanitarios (incluidas farmacias), audiovisuales, determinadas actividades de juego, las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, los servicios sociales prestados en virtud de acuerdo con la administración o los servicios de seguridad privados. Con esta norma el Gobierno pretende avanzar en la simplificación administrativa, para lo que creará una nueva ventanilla única.

 

ABC 18/03/2009

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