Mil comercios más al mes en España con la «licencia exprés»

Según la OCDE, el club de los países más ricos, España es el segundo país desarrollado que más obstáculos burocráticos plantea para crea una empresa. Remover estas trabas que tanto frenan la actividad comercial ha sido desde su llegada a La Moncloa una de las prioridades económicas del Partido Popular. Con esa idea da sus últimos pasos la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que recientemente ha recibido el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

 

Trámites administrativos

Y con el mismo espíritu, el Ejecutivo aprobó en mayo del año pasado el decreto ley de medidas urgentes para la liberalización del comercio, que incluye la conocida como «licencia exprés» que, hasta el momento, ha cosechado unos resultados más que satisfactorios. Desde que entró en vigor y hasta diciembre pasado, se dieron de alta 6.955 comercios minoristas más que en el mismo periodo de 2011, según los datos recopilados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Es decir, que el ritmo de aperturas ha crecido en casi 1.000 al mes. En términos globales, las altas también avanzaron en 3.045, desde 121.414. hasta 124.459.

 

La «licencia exprés» permite abrir comercios de hasta 300 metros cuadrados en sectores como el de las papelerías, jugueterías, charcuterías o aparatos electrodomésticos, sin necesidad de tener que obtener previamente una serie de licencias municipales, cuya tramitación puede durar meses. A cambio, basta con presentar una «declaración responsable» en la que el empresario asegura que cumple la normativa vigente, avalar la viabilidad técnica de su establecimiento con el informe de un arquitecto o ingeniero y pagar la correspondiente tasa municipal. Será después el consistorio el que tendrá que comprobar que, efectivamente, el establecimiento cumple con todos los requisitos o sancionarle en caso de detectar alguna anomalía. Con ello, se puede poner en marcha un negocio en apenas 48 horas y se evitan costes extra que pueden oscilar entre los 50.000 y los 132.000 euros, según los cálculos de la Secretaría de Estado de Comercio. Además, el Gobierno calculó tras su puesta en marcha que un millón de comercios que ahora mismo operan sin licencia podría beneficiarse de la medida.

 

A la vista de los buenos resultados que ha cosechado la medida, el Ejecutivo sopesa la posibilidad de ampliar a 500 metros cuadrados la superficie de los comercios que puedan beneficiarse de esta licencia. Con ello, los pequeños formatos de grandes cadenas de distribución como Mercadona, DIA, Carrefour Exprés, Supercor, Opencor, Lidl, Covirán o Leclerc podrían beneficiarse de esta medida. «No se trata de facilitarle las cosas a las tiendas de «chinos», pues la mayoría de ellas ya se benefician de la licencia exprés, sino de que saquen partido de ella los autoservicios», explican fuentes de Comercio. El Gobierno ya anunció cuando aprobó la «licencia exprés» que revisaría al cabo de un año sus efectos para ampliarlo a locales de mayor tamaño y otros segmentos si fuera efectiva, por lo que será el mes que viene cuando se adopte una decisión definitiva sobre los 500 metros.

 

Algunos sectores como el de los concesionarios de automóviles ya han mostrado su satisfacción por la posibilidad de ampliar la superficie, pues, en la práctica, apenas se beneficiaban de la «licencia exprés» porque, dada la naturaleza de ese negocio, requieren de grandes espacios muy superiores a los 300 metros cuadrados del umbral actual.

 

Reservas

Para el pequeño comercio, sin embargo, ampliar los metros puede acabar resultando un «coladero» que sólo favorezca a las grandes empresas, pues las pequeñas, aseguran, no tienen necesidad de establecimientos de mayor superficie que los 300 metros cuadrados a los que beneficia la actual «licencia exprés», según han puesto de manifiesto desde la Confederación Española del Comercio (CEC), patronal del sector.

 

En paralelo a esta posible ampliación de la superficie y de los sectores afectados por la «licencia exprés», el Ejecutivo trabaja en el desarrollo de un régimen sancionador específico, que en los casos más graves puede implicar el cierre del establecimiento, con el fin de que las facilidades para la apertura de determinados negocios no pongan en riesgo la seguridad del conjunto de las instalaciones comerciales. «Tenemos la promesa de que van a a ser muy estrictos a la hora de aplicar el régimen sancionador», apuntaron a Efe la pasada semana fuentes empresariales, que confiaron en que el reglamento que se desarrolle al efecto sea «contundente» a la hora de multar al infractor y que la Administración sea «rigurosa y estricta» a la hora de inspeccionar los locales.

 

 

La Razón 28/04/2013 (ver noticia)

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