Rebelión patronal contra el primer convenio estatal del comercio

Piden la convocatoria de elecciones para revocar el acuerdo

Simplificar la negociación colectiva, uno de los escasos puntos de acuerdo en las siempre complicadas relaciones entre la patronal y los sindicatos, ha topado con una resistencia insospechada y feroz en las organizaciones empresariales que integran la Confederación Española de Comercio (CEC).

Más del 80% de ellas amenazaron con impugnar el Acuerdo Laboral Estatal del sector (ALEC) que firmaron el pasado 22 de abril la CEC y los sindicatos UGT y CCOO. Según estos últimos, se trata de un hito «histórico», el primer acuerdo de ámbito estatal para un sector «muy atomizado» que comprende a casi dos millones de trabajadores y unos 430 convenios colectivos autonómicos, provinciales, subsectoriales y de empresa.

Para las organizaciones que se oponen al documento, por el contrario, supone un «retroceso en el tiempo de más de 14 años» y la recuperación de «modelos laborales ya derogados». Aunque no es su único motivo de queja: aseguran que el presidente de la CEC, Pere Llorens, y su secretario general, Miguel Ángel Fraile, firmaron el acuerdo sin la autorización de la junta directiva.

Los opositores al ALEC, que dicen representar al 70% del comercio nacional, solicitaron la convocatoria urgente de una junta directiva extraordinaria para que se les entreguen las «actas de la comisión negociadora, los acuerdos, propuestas, contrapropuestas y cualquier otro documento» relacionado con él. Se celebró el 29 de julio y en ella consiguieron que se fijara el 23 de septiembre como fecha de una asamblea, en principio ordinaria pero que pretenden que sea también electoral.

De hecho, ya se ha presentado una candidatura para suplir a la actual directiva. La encabezan los presidentes de las patronales de Andalucía, Manuel García Izquierdo, y del País Vasco, Pedro Campo. Su primer compromiso electoral: renegociar con los sindicatos un nuevo convenio.

El asunto se complicó desde el momento en que CCOO y UGT registraron el ALEC en el Ministerio de Trabajo el 16 de junio. Según la CEC, sin su conocimiento ni autorización. UGT y CCOO explican que es el procedimiento habitual cuando se firma un convenio y que no hace falta pedir permiso a nadie.

Además, el 22 dejunio la CEC pidió a los sindicatos que escenificaran un acto de ratificación del acuerdo en un hotel de Madrid, que no llegó a celebrarse. Según Miguel Ángel Fraile, se trataba de una «reunión interna del grupo de trabajo del ALEC» a la que después se iban a incorporar CCOO y UGT. Para los discrepantes, iba a ser la rueda de prensa en que se quería presentar públicamente el acuerdo.

Larga negociación

El convenio estatal comenzó a negociarse en 2007, aunque en realidad los primeros intentos de redactar un documento en ese ámbito se remontan a 18 años atrás. Se trataba, explica Ángeles Rodríguez Bonillo, responsable de la Federación de Comercio de CCOO, de llenar el vacío que había dejado la derogación de las ordenanzas laborales del comercio vigentes desde el franquismo.

En cambio, las organizaciones discrepantes –Madrid, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia, País Vasco, entre otros– cargan las tintas contra Llorens y Fraile, a quienes acusan de imponerles un texto prácticamente idéntico a los dos borradores ya rechazados por la mayoría de los miembros de la CEC en 2007 y 2009. A su juicio, el acuerdo «beneficia más a los sindicatos que a las empresas», porque les otorga «mayor presencia y protagonismo» en la gestión de los centros de trabajo. También creen que el acuerdo estatal quita competencias a las organizaciones autonómicas y provinciales. La CEC, aseguran, «se entromete en cuestiones que no le corresponden».

El secretario general de la patronal estatal lo niega. A su juicio, es un acuerdo flexible, «que no impone nada y que no pretende suprimir el ámbito provincial ni robarle competencias». «En mis genes», argumenta Fraile que también es secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña, «no está quitar competencias a los convenios catalanes en favor de un convenio de Madrid».

Las organizaciones discrepantes también temen que terminen creándose «tribunales de evaluación o comisiones calificadoras», con participación sindical, para encuadrar a los trabajadores en las nuevas categorías profesionales que crea el ALEC y que les han soliviantado especialmente. Antes, dicen, sólo había de tres a cinco grupos profesionales, dependiendo de que la empresa tuviera más de 50 trabajadores o menos. Ahora se crean tres áreas funcionales, cinco grupos profesionales dentro de cada área y hasta 19 categorías laborales. A su juicio, una regulación «exhaustiva y asfixiante» que perjudica la movilidad funcional y resta poder de dirección al empresario.

«En algún convenio provincial aún existía la categoría profesional de repasadora de medias», lo justifica por su parte Ángeles Rodríguez, «porque lo que teníamos hasta ahora era un corta y pega de las antiguas ordenanzas de hace 60 años».

Para Luis Velasco García, secretario de Comunicación de la Federación de Comercio de UGT, el ALEC es un acuerdo «valiente» y «válido». «En la patronal tienen un problema interno en el que no nos queremos meter», responde cuando se le pregunta por la oposición interna al convenio estatal. Los discrepantes atribuyen a «intereses personales» de los dirigentes de la CEC la firma de un acuerdo que consideran tan perjudicial. Y llegan a citar las subvenciones públicas de los planes nacionales de formación continua, que se reparten patronal y sindicatos, como la «razón» de ser del acuerdo estatal.

«No he tenido jamás un interés común con la patronal», subraya Luis Velasco, quien argumenta que si lo hubiera tenido, no habría tardado 18 años en alcanzar un acuerdo.

«No hay nada firmado», recalca por su parte, una y otra vez, el secretario general de la CEC, «y hemos impugnado la inscripción en el registro, que se hizo con un documento aún sin validar». La impugnación ha impedido que el convenio aparezca publicado en el BOE, trámite que debería haberse cumplido al mes de su registro en Trabajo.

Fraile atribuye únicamente a la «desinformación» la polémica suscitada en torno al ALEC y rechaza taxativamente que pueda desembocar en una escisión de la patronal. «Hay quien no quiere que la CEC sea una organización cada vez más potente», concluye su secretario general, que achaca el conflicto a intereses «de fuera» de la organización.

El Mundo 18/09/2010 (Ver noticia)

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