Sebastián da vía libre a las comunidades para legislar sobre comercio

Industria permitirá a las autonomías justificar y mantener un férreo control sobre los comercios de menos de 2.500 metros cuadrados. A cambio, les traslada las sanciones de Bruselas.

 

Las comunidades han ganado el pulso al ministro de Industria, Miguel Sebastián. La reforma pendiente del sector comercial lleva camino de convertirse en una versión ligth de la Directiva de Servicios europea que con tanta «ambición» se propuso adaptar el presidente del Gobierno.

 

La libertad de servicios y establecimiento que exige Bruselas se ha estrellado contra el muro autonómico. Algunos ejecutivos regionales no están dispuestos a ceder el control administrativo que ejercen sobre la distribución comercial. Ante tal lío de competencias, Industria ha descafeinado la reforma de la ley de Comercio «que presentó en octubre» para permitir a las propias autonomías una adaptación particular de la norma europea.

 

El nuevo proyecto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, permite directamente «someter a régimen de autorización comercial la instalación de aquellos establecimientos comerciales inferiores a 2.500 metros cuadrados que, estando situados en determinadas zonas del territorio, generen un impacto por razón del entorno urbano, el medio ambiente y la conservación del patrimonio histórico artístico».

 

Es decir, concede a las comunidades que justifiquen en una ‘memoria’ la ‘proporcionalidad’ de su política, el control sobre cualquier establecimiento, sea grande o pequeño. En el anterior proyecto, Sebastián únicamente dejó, de ‘forma excepcional’, el sistema de licencias comerciales para todas superficies mayores a 2.500 metros «un criterio que ya estaba en la norma vigente de 1996».

 

«La política comercial debe integrarse con la planificación del territorio», asienta el preámbulo de la ley. O, en otras palabras, debe convivir con la supervisión política.

 

Las intenciones de Industria chocan frontalmente con la Comisión Nacional de la Competencia

Si el modelo comercial de España ya es complejo de por sí, la reforma de Sebastián abre un panorama inquietante. Las comunidades que se apunten al carro liberalizador de Bruselas podrán eliminar el régimen de autorización especial para cualquier formato comercial. Las que lo deseen, podrán mantenerlo para aquellas de 2.500 metros cuadrados.

 

«La doctrina científica», en opinión de Industria, argumenta el «mayor impacto ambiental y territorial» que producen los híper y, por tanto, da legitimidad a las regiones para controlar la instalación de estos. Por último, las autonomías que deseen mantener las cosas como están o, incluso, ir más allá y catalogar zonas de especial restricción comercial, también tienen cabida en la ley.

 

Este planteamiento no resuelve, por tanto, el mayor problema de la distribución: la complejidad del mercado nacional. España es el país con mayor carga regulatoria sobre el comercio en toda Europa, según la OCDE. Una situación que ha sido criticada de forma reiterada por la Comisión Nacional de la Competencia.

 

El órgano que dirige Luis Berenguer publicó la semana pasada un informe muy crítico en el que advierte de que «una vaga remisión al interés general» que describe la Directiva «no puede servir de fundamento al intervencionismo económico de las comunidades». Y recuerda que la libertad de empresa que propugna la Constitución está por encima de cualquier criterio económico, ambiental o urbanístico con el que se pretenda «controlar la oferta por parte de la Administración». Por todo eso, pide «eliminar de plano la licencia específica para grandes superficies, independientemente de las razones en las que se funde» «como adelantó EXPANSIÓN el 6 de abril».

 

El Ministerio asegura que la «doctrina científica» ustifica los límites a las grandes superficies

La libertad de comercio que consagra Bruselas «no puede significar, en ningún caso, barra libre para instalarse dónde, cómo y cuándo se quiera», argumentaba Miguel Sebastián en el Congreso en octubre. El ministro ha cumplido de sobra la advertencia. Y se ha guardado, además, una bala en la recámara.

 

Las comunidades tendrán barra libre en el sector comercial. Pero todas aquellas que incumplan el derecho comunitario, «dando lugar» a una sanción de Bruselas contra España, «asumirán las responsabilidades». Es decir, el Gobierno central descontará de las transferencias a las comunidades la factura de la multa comunitaria.

 

Salgado revisará el trabajo de Industria

Sebastián fue el primer ministro en lanzarse a la adaptación de la Directiva de Servicios. Pero sus intenciones fueron frenadas por el Consejo de Ministros en noviembre. La reforma comercial planteaba roces autonómicos que el Gobierno no estaba dispuesto, entonces, a asumir. La nueva versión de la ley, mucho más condescendiente con las comunidades críticas, tendrá que pasar, previsiblemente, el visto bueno de la nueva ministra de Economía, Elena Salgado.

 

Nuevos matices

1. La ‘doctrina científica’, argumentada en la nueva ley, apoya «el mayor impacto ambiental» de las grandes superficies.

 

2. Deja el umbral en 2.500 metros, pero dice ahora que «corresponde a las CCAA concretar las tipologías» del comercio.

 

3. Permite definir zonas del territorio en donde las licencias específicas se podrán extender a todos los formatos.

 

4. Las autonomías que opten por esta vía de control deberán elaborar una memoria sobre el impacto del comercio.

 

5. Vincula directamente la política comercial a la ordenación urbana, medio ambiental y de conservación de patrimonio.

 

6. En caso de que Bruselas sancione a España por una infracción de Bolkestein, el Estado traspasará la multa.

 

7. La ley encaja con cualquier modelo comercial, desde el más restrictivo hasta el menos intervencionista.

 

Expansión 14-04-09

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