Sebastián obligará a las autonomías a eliminar trabas a los hipermercados

A pesar de la reforma, la adaptación de la Directiva de Servicios deja un resquicio para que las comunidades autónomas, de acuerdo al “interés general”, sigan manteniendo un régimen de autorizaciones especiales.

El corsé autonómico al comercio minorista va a tener que ensancharse para cumplir con las exigencias europeas. “Los consumidores demandan servicios adicionales y horarios adaptados a sus necesidades” y Bruselas obliga a “reducir la regulación sobre establecimientos, registros y licencias” que sufren las empresas, anunció este verano el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

El departamento de Sebastián ha remitido ya a las comunidades autonómicas el proyecto de la nueva Ley de Ordenación Comercio Interior que, entre otras cosas, obligará a los ejecutivos regionales a transponer antes de 2010 parte de la nueva Directiva de Servicios comunitaria, más conocida como Bolkestein. Según adelantó ayer en el Congreso la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, el borrador suprimirá la polémica segunda licencia de apertura para superficies de más de 2.500 metros –aunque casi todas autonomías han rebajado este límite–, uno de los puntos de la legislación española más criticados por las autoridades de competencia.

A partir de ahora, la Directiva establece que los regímenes de autorización de apertura sólo podrán exigirse si su existencia se justifica por razones de “imperioso interés general” y si no existen otros medios menos restrictivos para llegar a los fines propuestos. Fuentes del Ministerio de Industria han concretado a EXPANSIÓN que la nueva ley entiende por “motivos de interés general” el “medio ambiente, el urbanismo, la defensa de los consumidores, el patrimonio cultural y la territorialidad”.

En principio, el texto encaja en la Directiva Bolkestein. Sin embargo, será cada comunidad autónoma la que adapte a su legislación el marco impuesto por el Gobierno. Lo que da pie, en cierto modo, a una interpretación particular del “interés general”. Hasta ahora, la Ley de ordenación del Comercio Minorista sólo permite denegar la concesión de una licencia de apertura a una gran superficie cuando ésta dañe al pequeño comercio ya instalado.

“Sólo cabría esperar que las licencias comerciales especificas salieran indemnes del proceso de transposición de Bolkestein en caso de que la protección del pequeño comercio encajase en la definición de razón imperiosa de interés general. No faltan voces que pretenden acogerse a ese resquicio, a esa mención para mantener la situación actual, para buscar el urbanismo comercial, el medio ambiente o la congestión del tráfico para mantener el status quo. No me negarán que sería una curiosa manera de interpretar el interés general”, advertía recientemente el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer.

La Comisión Europea denunció el pasado abril a España ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo por las limitaciones impuestas en Cataluña –seguidas posteriormente por casi todas las comunidades– a la apertura de grandes superficies, sobre todo, en lo referente a las segundas licencias. No obstante, Bruselas aclaraba que “los efectos notablemente restrictivos” de la regulación catalana tenía su base en la Ley de Comercio de 1996, impulsada por el Gobierno de Felipe González, y en la que se dio pie al establecimiento de autorizaciones especiales de apertura basadas en intereses de carácter económico, como la protección del pequeño comercio.

De Montilla a Bolkestein en sólo cuatro años

– La legislación comercial española afronta un nuevo vuelco apenas cuatro años después de la última gran reforma impulsada por el ex ministro de Industria y actual presidente de la Generalitat, José Montilla. El Gobierno socialista modificó nada más llegar a La Moncloa la regulación sobre horarios comerciales, rebajando de doce a ocho el mínimo de domingos y festivos que las comunidades pueden autorizar para la apertura.

– La cesión de la competencia de comercio a las comunidades ha dado lugar a una compleja telaraña regulatoria. España es, de hecho, el tercer país de la OCDE con más trabas para la instalación comercial. Recientemente, Bruselas ha denunciado a España por las trabas de Cataluña y Andalucía a la apertura de híper. Además, están recurridos antes el Constitucional varios impuestos especiales establecidos por las autonomías y las autoridades de Competencia han cargado duramente contra las moratorias y las licencias especiales de muchas autonomías.

– Madrid es, de momento, la comunidad que más claramente ha impulsado un modelo comercial en la línea de las directrices comunitarias. De hecho, ya suprimió parte de las licencias especiales y amplió la libertad de horarios para todos los formatos.

Fuente: Expansión  08/10/2008

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