Baleares y Galicia desafían a la Unión Europea manteniendo las tasas a los híper

La apertura del mercado de servicios se ha convertido en una reforma recurrente de los planes anticrisis que nunca se llega a cerrar. Una vez más, el Gobierno la ha incluido entre las prioridades del documento presentado al resto de partidos políticos para una pacto económico de Estado.

Pese a este interés, lo cierto es que gran parte de la titánica adaptación de la burocracia española a la Directiva de Servicios recae en las comunidades. Y de forma especial, en asuntos como el comercio.

Algunas comunidades no han tenido empacho en traspasar algunas de las líneas rojas determinadas por Bruselas. Por ejemplo, a la hora de establecer tasas especiales sobre determinados formatos. Es el caso de Baleares y Galicia que pretenden imponer una tasa de superficie útil de exposición y venta al público para los grandes establecimientos (de 3,69 euros por metro cuadrado en Galicia y 17,64 euros en Baleares).

Fuentes empresariales alegan que tanto la “imposición de un régimen de autorización especial como el pago de una tasa suponen una restricción fundamental de la libertad de establecimiento” que dicta la Directiva. Además, piensan que “debería justificarse por razones de interés general la proporcionalidad de la tasa y su carácter no discriminatorio”. Sobre todo cuando las tasas previstas son desproporcionadas con el coste efectivo que para la Administración supone otorgar una licencia.

El Ministerio de Industria está inmerso en un proceso de revisión de las nuevas normas de comercio autonómicas con el fin de enviar a la Comisión Europea un informe sobre la transposición de la Directiva en España. El trabajo todavía no ha terminado, pero en el Departamento de Miguel Sebastián admiten a este diario que las tasas específicas sobre los grandes formatos “contravienen la Directiva” e imponen “criterios discriminatorios”.

Pero este tren colisiona con otro más potente desde el punto de fiscal y político. La reforma de financiación autonómica permite a las comunidades “establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserva a las corporaciones locales”. Este cambio podría validar los impuestos medioambientales a las grandes superficies de Cataluña, Aragón y Asturias, que, en su momento, el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional (todavía pendientes de sentencia).

El Gobierno entiende que estos tributos “no gravan el problema del tráfico o los viales públicos”, es decir, el impacto medioambiental, “sino la actividad del gran consumo”. Un argumento que se acerca al de la Directiva de Servicios.

Batalla contra los ‘descuentos duros’

La Directiva de Servicios es taxativa contra cualquier norma que intente discriminar entre competidores de un mismo mercado. La mayoría de comunidades autónomas han impuesto en los últimos años un control sobre la apertura de los establecimientos conocidos como hard discount. Tiendas con fuertes descuentos, en la alimentación sobre todo, con un gran impacto en el mercado. Pese a los límites de Bruselas, comunidades como Cantabria y Extremadura han decidido mantener la doble licencia en estos formatos.

Expansión 08-03-2010

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