Berenguer critica la «esperpéntica» reforma comercial del Gobierno

El modelo autonómico genera suspicacias en Bruselas. «Mientras la Unión Europea construye una unidad de mercado, países como España la van deshaciendo», aseguró ayer María Martín, de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea.

La Directiva de Servicios constituye una oportunidad para romper las barreras al establecimiento de nuevas actividades económicas. Pero dependerá de la voluntad que cada Estado ponga para acercarse al espíritu liberalizador de la norma comunitaria.

Martín, que participó ayer en las conferencias organizadas por Unidad Editorial, Banco Santander y EXPANSIÓN sobre La economía después de la crisis: competencia y eficiencia del mercado español, recordó que en un país como España es “especialmente necesaria” la reforma de los servicios, sobre todo, en sectores como el comercio.

Sin embargo, el proceso de aplicación de la norma comunitaria –que deberá estar completo antes del 28 de diciembre– no levanta optimismo. El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, reiteró ayer que la nueva norma de Comercio interior y, sobre todo, la interpretación que las comunidades están haciendo de ella, “lleva camino de ser anulada y sancionada por el Tribunal Superior de Justicia Europeo”.

«Bruselas construye un mercado común y países como España lo deshacen», critica María Martín

Berenguer califica de “esperpento para el mundo del derecho”, la cláusula que el Gobierno ha reservado en la ley de comercio para traspasar las previsibles sanciones de Bruselas a las comunidades responsables de la “incorrecta” aplicación de la Directiva. Un síntoma que, según el presidente de la CNC, expresa claramente cómo “el Ministerio de Industria sabe que el camino de la reforma es el contrario”.

Berenguer ha criticado el proceso desde el inicio porque, en su opinión, la “ambición” puesta en un primer momento se ha diluido poco a poco. Y no sólo en el caso del comercio. Sino también en la parte de la Directiva que afecta a los colegios profesionales. “Los responsables políticos representan a todos los consumidores, no sólo a los lobbies contrarios a las reformas y la apertura de los mercados”, aseveró. Y, por eso, no dudó en cargar contra todos los partidos políticos por dejarse presionar por los intereses particulares de determinados grupos.

El director de la Fundación Rafael del Pino y antiguo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Amadeo Petitbó, criticó que el pulso político europeo haya dejado fuera de la Directiva sectores tan importantes como el transporte, la farmacia, el sector financiero, los notarios, etc. Y también que haya incluido excepciones a la apertura de los mercados que pueden justificar el mantenimiento de normas injustificada contra determinados sectores. Entre otros, puso como ejemplo, el medio ambiente, “una cataplasma que permite justificar todas las regulaciones”, en opinión de Petitbó.

Berenguer cerró las jornadas recordando que, “en tiempos de crisis, la competencia es una salida a ella y no una barrera”. Por eso, alertó de que medidas como las que se están tomando suponen una “gran oportunidad perdida para las reformas”.

Los mensajes

‘Loco en la autopista’

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguraba el jueves que el FMI “no ha entendido bien algunas cosas” de la política del Gobierno. Este organismo, al igual que el resto, está dando para España un escenario más negro del oficial. “No puede ser que ante tantos mensajes, nosotros digamos que todo el mundo está equivocado”, aseguró ayer Berenguer. El presidente de la CNC equiparó los mensajes del Gobierno con el chiste del loco que va por la autopista en sentido contrario: “No hay un loco, hay muchos…”

Modelo autonómico

El catedrático de análisis económico de la Universidad Complutense, Carlos Sebastián, argumentó que el exceso administrativo de España es, sin duda, un lastre para la competitividad de las empresas.

Y parte de la raíz está en el modelo territorial. “La estructura del Estado añade y agrava el marco normativo y la gestión de las normas”, aseveró. Sin embargo, tanto Sebastián como el resto de ponentes lamentaron la poca voluntad política para repensar esta forma de organización para hacerla más eficiente.

Coste regulatorio

El coste administrativo para las empresas asciende a 4,6 puntos del PIB, frente a los 3,6 de media en Europa, según aseguró Gonzalo Solana, adjunto a la presidencia del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Una carga que, para el caso de las pequeñas y medianas empresas, se multiplica por cinco.

En un país como España, donde más del 95% de las empresas poseen menos de diez trabajadores, la relación con las autoridades se convierte en una losa asfixiante.

Incentivos perversos

El jefe de la división de análisis de políticas económicas del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, criticó los “incentivos perversos” que la economía nacional ha creado en los últimos años. Principalmente en el mercado laboral.

Durante al etapa del boom inmobiliario, el fuerte crecimiento de esta actividad “redujo la rentabilidad de la educación”. Es decir, el beneficio a largo plazo para las personas que optaron por una formación cualificada, ya que el mercado de trabajo les ha tratado peor que al resto.

Expansión 03-10-09

Si te ha gustado, hazlo social Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Print this page
Print
Email this to someone
email
× WhatsApp