El Congreso aprueba la Ley del Comercio Minorista con el rechazo del PP

El pleno del Congreso aprobó hoy la nueva Ley del Comercio Minorista, rechazada por el PP, que vaticinó un futuro de conflictividad, mientras que el resto de los grupos expresaron su satisfacción con el nuevo texto, que liberaliza el sector.

Tanto Esquerra Republicana como PNV y CIU manifestaron su acuerdo ante la forma en que la Ley traspone la directiva de servicios comunitaria y coincidieron en que la nueva normativa respeta el margen competencial vigente.

Según CIU se ha conseguido evitar lo que a su juicio era una «loapa comercial» pretendida en una enmienda a la totalidad del grupo popular y su portavoz destacó que se va a conseguir una mayor protección para los consumidores.

El diputado del PP Celso Delgado insistió en sus críticas, dijo que el Gobierno ha perdido una gran oportunidad, que se llega tarde a la trasposición, que el Ejecutivo se ha plegado a los intereses de las minorías y que la Ley «consagra el caos normativo en el sector».

También se mostró en contra del «endurecimiento desproporcionado del procedimiento sancionador» que propone la Ley y consideró que supone «un freno a la inversión y a la creación de empleo».

Por el contrario, el diputado socialista Diego Moreno defendió que la Ley es respetuosa con las administraciones autonómica y municipal y dijo que avanza en el modelo más sostenible de comercio, el de proximidad, que apuesta «por la protección de las personas que habitan en las ciudades y en los barrios».

A su juicio, el nuevo texto eliminará trabas jurídicas y burocráticas y facilitará la creación de un sector del comercio «más abierto, competitivo y moderno», al tiempo que auguró la creación de un número muy importante de puestos de trabajo en el sector comercial.

El texto aprobado elimina la llamada segunda licencia por motivos económicos, así como la intervención de los competidores en los procesos de autorización, y también regula la venta ambulante.

La nueva ley, que supone una mayor liberalización y regulación del sector, generará inversiones por 4.000 millones de euros y podría contribuir a la creación de 50.000 puestos de trabajo, según estimaciones del propio sector.

El Ministerio de Industria y Comercio recordó hoy que la nueva ley suprime la definición de gran establecimiento comercial, con lo que evita un trato discriminatorio desde la legislación estatal a los distintos formatos comerciales, ya que no hace referencia a los metros cuadrados de los establecimientos.

El único aspecto relevante para su autorización será el impacto medioambiental, urbanístico o sobre el patrimonio histórico-artístico.

En la venta ambulante se limita la duración de las autorizaciones por la escasez de suelo disponible, y se garantiza a los comerciantes ambulantes la amortización de sus inversiones.

Industria recuerda también que en los casos en que España pudiera ser sancionada en un procedimiento de infracción europeo cuyo origen esté en la legislación autonómica de comercio, las posibles sanciones se trasladarán a la comunidad autónoma que corresponda.

El economista 18/02/2010

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