El Congreso desafía a la doctrina de Bruselas en la ley de comercio

Los matices encierran la esencia. Sobre todo, cuando se trata de leyes. La negociación parlamentaria del PSOE con los grupos de CiU, ERC y BNG ha dado una vuelta de tuerca definitiva a la Ley de Comercio Minorista, dirigida a adaptar el sector a la Directiva de Servicios europea. Hasta el punto de desafiar a la Justicia europea y española.

La Directiva de Servicios prohibe, con carácter general, los regímenes de autorización administrativa que, entre otras actividades, afectan al comercio. Sin embargo, el Gobierno ha decidido que, con carácter excepcional, las comunidades podrán mantener las famosas dobles licencias a las grandes superficies. Eso sí, siempre que se justifiquen de acuerdo a las «razones imperiosas de interés general» que marca la Directiva: protección del medio ambiente, la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio.

Una enmienda introducida por el PSOE y los grupos minoritarios suma una ‘razón’ más, al margen de las especificadas por Bruselas. En concreto, «el derecho de los consumidores a disponer de una oferta comercial diversificada en cuanto a formatos y enseñas que garantice el ejercicio efectivo de su libertad de elección». El Gobierno considera en su ley que «a la hora de regular el comercio, es preciso considerar las nuevas demanda de los consumidores», así como sus «preferencias en relación con los distintos formatos» de establecimientos.

La motivación puede ser lógica, pero choca de frente contra el procedimiento de infracción abierto por Bruselas contra la legislación de comercio española y, más en concreto, contra la normativa de Cataluña. La Comisión denuncia que la protección de los consumidores «no puede llegar hasta el punto de exigir determinadas estructuras de la oferta, modelada realmente en función de especificaciones predeterminadas, de hecho, por la Administración».

Criterios económicos

El último dictamen motivado de Bruselas remitido a España, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, deja claro que los gobiernos regionales no pueden determinar las condiciones de la oferta de mercado ni diseñar una proporcionalidad entre tiendas grandes, pequeñas y medianas. En tal caso, estarían imponiendo a las empresas unos criterios económicos prohibidos por la Directiva de Servicios (artículo 14).

El lío jurídico no termina aquí. Otra enmienda negociada por el PSOE con CiU introduce una disposición que exige que «el diseño de la planificación urbanística, las autoridades competentes tendrán en cuenta el abastecimiento adecuado de la población, facilitando la presencia de comercio de proximidad y atendiendo a los problemas de movilidad y desplazamientos derivados de las concentraciones espaciales».

El diputado del PP Celso Delgado advierte de que esta disposición «invade competencias exclusivas de los ayuntamientos» y que los «criterios de planificación urbana que el Estado no puede condicionar», según la doctrina del Tribunal Constitucional.

Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores, argumenta que con esta disposición, el Estado «entra de forma indebida» en cuestiones de diseño urbano que competen a los municipios. No obstante, matiza que «no tendrá relevancia práctica alguna», ya que sólo los ayuntamientos pueden valorar la «oportunidad» de sus diseños urbanos. En este caso, la existencia o no de comercio de proximidad. Otro asunto distinto es que, la comunidad «decida legislar sobre esto en su ley del suelo», concluye.

Un tira y afloja que ha rebajado las expectativas

El ex vicepresidente económico, Pedro Solbes, anunció una «ambiciosa» adaptación de la Directiva de Servicios en España. De este sector dependen dos terceras partes del empleo, y genera más del 65% de la riqueza nacional. Sin embargo, es uno de los mercados más rígidos y plagados de barreras administrativas. En este marasmo regulatorio destaca el comercio, sometido a 17 regulaciones autonómicas distintas. La OCDE ha criticado esta situación y Bruselas llevó a España a los tribunales por las rigideces de sus normas. La nueva ley de comercio minorista nació para aclarar un marco general más claro. Pero al final, la presión autonómica ha ganado la partida.

La ley entra a regular la planificación urbana, una materia de estricta competencia local

Las claves

Tiempo

El 28 de diciembre concluye el plazo dado por la Comisión Europea para adaptar la nueva Directiva de Servicios.

Sencillez

A grandes rasgos, la Directiva pretende impulsar un marco más sencillo para la libertad de prestación de servicios y el establecimiento de nuevas actividades. Propósito que obliga a eliminar un buen número de requisitos y barreras burocráticas.

Sectores

Entre los sectores más afectados se encuentra el comercio. El Gobierno decidió abordar en una ley ‘ad hoc’ la adaptación de este mercado a la Directiva. No obstante, las competencias exclusivas en comercio interior correspondes a las regiones.

Expansión 27-11-09

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