Antes del verano verá la luz la nueva ley de Cámaras de Comercio. Otra de las reformas pendientes de Mariano Rajoy. Y es que desde que el Gobierno de Rodríguez Zapatero suprimiera el recurso cameral permanente —por el que se acabó con la financiación obligatoria a las cámaras—, estas instituciones viven asfixiadas. De hecho, en los últimos tiempos, muchas, con las actuales estructuras, están al borde del cierre, y han tenido que hacer drásticos ajustes de plantillas y de otros gastos para poder sobrevivir.

Hasta entonces, todas las empresas y autónomos estaban obligados a pagar un canon a las Cámaras de Comercio. A partir de enero de 2011 es voluntario, de modo que, según el anterior Gobierno, la financiación de las cámaras está vinculada ya efectivamente a los servicios demandados por las pequeñas y medianas empresas. Entonces, se cifró con la medida un ahorro anual de 250 millones de euros.

Según ha podido saber ABC, el Gobierno aprobará antes de verano una ley de Cámaras que establezca un marco jurídico que permita a estas instituciones tener un futuro, algo del que ahora carecen. Las intenciones del equipo económico del presidente son definir con claridad cuáles son sus objetivos y funciones en un nuevo escenario económico-empresarial español de ajuste y reducción de estructuras, para lo que trabaja en estrecha colaboración con la propias Cámaras y también con la CEOE.

«En la actualidad, las Cámaras de Comercio viven en un escenario endiablado porque ni tienen financiación, ni tienen claro a qué se pueden dedicar para poder cobrar servicios a sus asociados, a las empresas», dice una fuente conocedora del nuevo plan cameral. La nueva norma aclarará las funciones camerales, con el objetivo de no entrar en conflicto con, por ejemplo, las de asociaciones patronales o administraciones públicas.

«Ahora hay muchas funciones que se solapan, sobre todo, en temas de promoción exterior. Se tendrán que dedicar a prestar servicios que otros no hagan y por los que las pymes, por ejemplo, estén dispuestas a pagar», añade esta misma fuente. ¿Y exactamente de qué servicios hablamos? Hasta ahora, las Cámaras, tal y como se explica en la Ley 3/1993, continúa la tradición legislativa continental, al definirlas como Corporaciones de Derecho Público y reconoce la importancia de su labor como instituciones intermedias en la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, y en la consolidación del tejido económico del país. Funciones que, sin duda, se solapan con las de las organizaciones patronales de cada región o con las de las administraciones públicas.

Las mismas fuentes reconocen que tendría mucho sentido que, a partir de la aprobación de la nueva ley cameral, estas corporaciones presten servicios de asesoramiento a pymes en condiciones de mercado, o que se conviertan en la primera puerta de información o formación en materia de la internacionalización de las pymes españolas —ahora muy alejadas de las de la mayoría de pymes de nuestros países vecinos—, o prestar servicios en arbitraje, que en España apenas funcionan y las Cámaras pueden tener un papel relevante. De hecho, en la actualidad, es una de sus funciones, pero no está bien desarrollada.

Todos están de acuerdo en que su función debe ser diferente. Es decir, la de las patronales es la representación de los empresarios ante las administraciones públicas o la negociación colectiva en los ámbitos en que sigue habiéndola, pero no prestar servicios a las empresas, digamos individuales, papel que, por tanto, quedará para las cámaras.

Nueva financiación

Sobre la mesa de las conversaciones entre todos los implicados también está la financiación, que a partir de su puesta en vigor, tendrá que ser de mercado. Así, las Cámaras de Comercio españolas podrán cobrar cuotas de aquellas empresas que voluntariamente estén dispuestas a pagarle una tasa porque entiendan que le prestan un servicio que la empresa valora. Será una cuota baja, por unos servicios que la empresa entiende que tiene sentido que le presten, por ejemplo de información, de acceso a mercados exteriores, orientación o «papeleo» ante la puesta en marcha de un nuevo negocio…

Sobre la mesa también está la opción de fusiones entre patronales y Cámaras de cada comunidad autónoma. En cualquier caso serían los empresarios de cada autonomía los que decidan qué hacer en este sentido. El modelo puesto en marcha en Madrid, por ejemplo, puede abrir camino. En esta región el presidente de la patronal es el mismo que el de su Cámara, Arturo Fernández, CEIM y la Cámara de Madrid. Ahora bien, de momento son organismos distintos. Las cámaras son corporaciones de derecho público, mientras que las patronales son asociaciones de derecho privado, lo que marca una línea muy distinta entre lo que puede hacer una y otra. La Cámara se rige por derecho público y tiene su propio patrimonio, como la patronal, aunque ésta se rige por derecho privado.

ABC 05/03/2012 (Ver noticia)