El Gobierno mantendrá el régimen de autorización para grandes superficies

La nueva ley de comercio minorista permitirá a las comunidades exigir una licencia para los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados. Las autonomías buscan acomodo en las coordenadas fijadas por Bruselas.

 

Gobierno y comunidades apuran la cuenta atrás de la Directiva de Servicios. Bruselas obligará a revisar en los próximos doce meses más de 7.000 leyes y reglamentos contrarios a la libertad de establecimiento y prestación de servicios. Sobre todo, en el sector comercial.

 

Aunque la «ambiciosa» transposición de la Directiva Bolkestein prometida por el Gobierno ha dejado en manos de las comunidades más reacias al espíritu liberalizador resquicios para mantener algunas barreras. Así, la Ley de Comercio minorista que ultima el Ministerio de Industria permitirá a las autonomías que lo deseen mantener el régimen de autorización especial para todos establecimientos mayores de 2.500 metros cuadrados, según han confirmado a EXPANSIÓN diversas fuentes patronales.

 

La Directiva obliga, por norma general, a eliminar las autorizaciones previas, las dobles licencias y los criterios discriminatorios para la apertura. Sin embargo, matiza que se podrán mantener las autorizaciones específicas siempre que se acojan a «razones imperiosas de interés general». Entre otras, el urbanismo, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el orden público, la circulación, etc.

 

El límite marcado por Industria supone un avance puesto que todas las autonomías habían rebajado –argumentando distintos criterios de carácter económico– el baremo de 2.500 metros que la ley de 1996 ya fijaba para definir un «gran establecimiento». Desde ahora, cualquier autorización especial para tiendas menores a 2.500 metros desaparecerá, pero seguirá vigente para los mayores.

 

No obstante, abre la vía para que las autonomías interpreten de forma particular las «razones de interés general» que cita la Directiva. En la práctica, puede dotar al planificador urbano potestad discrecional para decidir los equipamientos comerciales de las ciudades y pueblos, siempre que respondan a razones de medio ambiente, orden público o patrimonio. Es decir, se sustituyen las licencias por un control urbanístico previo.

 

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, ha hecho pública su oposición a que «las cláusulas de salvaguarda de la Directiva sustituyan a las antiguas barreras económicas» que pesaban con el comercio. Y avisa de que, si no se produce una correcta aplicación de Bolkestein, España y las comunidades se enfrentarán a las sanciones de Bruselas y el Tribunal de Luxemburgo.

 

El debate político en torno al nuevo modelo comercial está caldeado. Sobre todo, porque las competencias en esta materia están en manos de las comunidades. Algunos partidos políticos como CiU han pedido expresamente al Gobierno que mantenga las autorizaciones para grandes superficies por debajo de los 2.500 metros cuadrados.

 

Con esta visión ya se están elaborando, de hecho, algunas de las nuevas leyes de comercio autonómicas. El anteproyecto de Canarias, por ejemplo, obliga a los centros de más de 2.500 metros cuadrados a obtener licencia de apertura; a excepción de las islas de La Gomera, El Hierro y Lanzarote, donde deberán obtenerla a partir 750 metros cuadrados. País Vasco también adaptó su modelo comercial al marco de Bolkestein en junio.

 

En su caso, dice que «el instrumento de ordenación territorial para la implantación de grandes superficies» será el Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales, cuya elaboración deberá respetar razones de interés general como el medio ambiente.

 

Fuente: Expansión 23/11/2008

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