Nuevas trabas para la instalación de Ikea en el municipio de Arroyo de la Encomienda, y paralización general de las peticiones para grandes superficies en el área de Valladolid. La Comisión Territorial de Urbanismo acordó ayer suspender la modificación puntual del Plan General en los sectores 6 y 15 de la localidad, en los que la empresa sueca prevé instalar una gran superficie de 78.000 metros cuadrados dedicada al mueble. El órgano atiende así la recomendación de la Dirección General de Comercio de la Junta a fin de que se subsanen las deficiencias detectadas, fundamentalmente la falta de aportación del informe favorable del Ministerio de Fomento sobre los accesos al centro de la conocida firma junto a la A-62.
El informe, elaborado por la Consejería de Economía y Empleo y que ayer se conoció en la Comisión de Urbanismo, supone un varapalo tanto para el municipio que gestiona José Manuel Méndez como para la empresa dedicada al hogar. El documento no se circunscribe únicamente a este caso y analiza la situación de peticiones para grandes centros comerciales que se han presentado en el área de influencia de Valladolid. Así, recuerda que en este momento el plan de equipamientos reserva únicamente 78.853 metros cuadrados para grandes superficies en esta área y a día de hoy hay peticiones para proyectos que suman 192.516 metros cuadrados. A éstas hay que añadir los proyectos del Valladolid Arena (30.000 metros cuadrados), Prado Palacio Berrocal (80.000) y Vialia (25.000). En definitiva, todos no caben y los ayuntamientos tendrán que «priorizar» especificando a la Junta el orden de importancia de los diferentes proyectos para el municipio.
Instrumento erróneo
El informe de Comercio es claro con el caso de Arroyo. Hay una «deficiente previsión» respecto a los accesos al centro de la compañía sueca, el propio PGOU del municipio alerta sobre problemas de congestión viaria en el entorno y el Ayuntamiento no ha valorado las repercusiones de la instalación en carreteras compartidas con otros municipios. A estos argumentos suman que el instrumento urbanístico que habilita el proyecto de Ikea no es el correcto, ya que el plan de equipamientos obliga a que el suelo sea urbano y en este momento el suelo está calificado como suelo urbanizable delimitado.
A juicio de la Dirección General de Comercio es fundamental que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda estudie en conjunto el impacto tanto medioambiental como de tráfico no sólo del Ikea, sino de la ampliación solicitada por Hipercor (35.029 metros cuadrados) o el centro anunciado por Viapark (18.164). En el documento recuerdan también que Sepes promueve cerca de La Flecha la recalificación de un suelo industrial por suelo residencial, una situación que podría afectar claramente a la circulación en todo el entorno.
La Comisión Territorial de Urbanismo también atenderá la otra petición de la Consejería de Economía y Empleo, a través de de la Dirección de Comercio. Ante la saturación de peticiones de centros comerciales, tendrán que ser los ayuntamientos los que tengan que decir cuáles de los previstos en sus municipios son prioritarios. Vamos, deberán confeccionar una clasificación del más al menos importante, según las necesidades de la localidad.
Hasta entonces, la Consejería mantendrá en suspenso las once peticiones para crear nuevas grandes superficies. En la capital quedarían paralizados el centro previsto en Los Santos Pilarica y el de ING Real State en Ciudad de la Comunicación, ya que los dos han solicitado licencia comercial. En este último caso fue la propia Junta, concretamente la Consejería de Fomento en colaboración con Renault España, la que vendió el suelo comercial en el nuevo desarrollo urbanístico.
El director general de Comercio, Carlos Teresa, negó que detrás de la decisión de la consejería haya una intención de lavarse la manos sobre un asunto que les compete directamente o de dilatar en el tiempo la concesión de las licencias hasta que entre en vigor en el 2010 -dentro de 17 meses- la directiva que liberaliza la instalación de grandes superficies.
De hecho indicó que el objetivo del departamento que dirige Tomás Villanueva es que a finales de este mismo año se pueda comenzar a dar licencias, una vez que los ayuntamientos hayan decidido que proyectos son prioritarios. «Nuestra intención no es dilatarlo en el tiempo, porque eso lo podríamos hacer sin montar todo esto, lo que tratamos es aclarar esta situación», señaló en referencia al exceso de peticiones para los 78.000 metros disponibles.
Buscar el equilibrio
Respecto a las posibilidad de que esta espera pueda suponer la renuncia de alguna compañía a su proyecto, con la consiguiente pérdida de la inversión y los puestos de trabajo que generarían, Teresa indicó que «cada promotor es muy libre de tomar las decisiones que considere más oportunas». «Nosotros lo que estamos intentando es buscar el equilibrio de la oferta comercial en Valladolid e intentamos ser lo más justos», subrayó.
Carlos Teresa aseguró que el objetivo es que «no se generen falsas expectativas en el entorno de Valladolid poniendo suelos de naturaleza terciaria y comercial cuando realmente no va a ser posible que se ubiquen centros comerciales por ese montante de metros cuadrados». El fin de la Junta es comenzar a resolver las peticiones antes de que finalice el año después de contar con la opinión de los ayuntamientos.
Fuente: NorteCastilla 07/07/2008
