Las autonomías usarán criterios urbanísticos y ambientales para limitar la libertad comercial

La adaptación de la Directiva Bolkestein en España guarda resquicios legales para que las autonomías más reacias al cambio sigan manteniendo obstáculos a la libertad comercial y la apertura de grandes superficies.

 

Las leyes casi siempre se topan con trampas. La “ambiciosa” transposición de la Directiva de Servicios europea planteada por el Gobierno ha dejado en manos de las comunidades más reacias al espíritu liberalizador resquicios para mantener barreras al establecimiento comercial.

 

La Directiva –más conocida como Bolkestein– obligará a eliminar las autorizaciones previas, las dobles licencias y los criterios discriminatorios para la apertura. Sin embargo, permite a las comunidades seguir contando con una poderosa arma para controlar del sector comercial, a través de la planificación urbana y medio ambiental.

 

“La Directiva es un gran paso adelante, pero no tiene un carácter universal. No entra en aspectos como el urbanismo, el medio ambiente o el patrimonio cultural”, argumenta Esteban Flores, abogado de Cuatrecasas. En concreto, la nueva norma prevé que las Administraciones podrán mantener sistemas de autorización de apertura cuando esté justificado por “razones imperiosas de interés general”. Entre las que figuran los objetivos de la política social y cultural, el patrimonio, la protección del medio ambiente y el entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural.

 

En opinión de Flores, esto puede dar pie a que las comunidades autónomas sigan obstaculizando la libertad de establecimiento, ya que otorga al planificador urbano “potestad discrecional” para decidir los equipamientos comerciales de las ciudades y pueblos, siempre que respondan a intereses generales de medio ambiente, orden público, circulación, etcétera.

 

De este modo, los antiguos sistemas de doble licencia que pesan sobre grandes superficies comerciales serán sustituidos por un control preventivo urbanístico por parte de los ayuntamientos y las comunidades.

 

Los expertos consultados por este periódico señalan que “todos los equipamientos de servicios que entren en los planes urbanísticos ya no podrán ser obstaculizados por otro tipo de requisitos” como ocurre en estos momentos.

 

Sin embargo, a pesar del espíritu liberalizador de la Directiva, las comunidades más restrictivas con el comercio tendrán la posibilidad de convertir el urbanismo y el medio ambiente en una potente arma contra las grandes superficies.

 

De momento, ninguna comunidad, a excepción de País Vasco, ha adecuado su legislación comercial a la Directiva Bolkestein. La mayoría esperará a que el Gobierno lance la nueva ley marco de Comercio interior, que comenzará a tramitarse en el Congreso previsiblemente, en noviembre.

 

La exposición de motivos de la norma vasca deja claro que uno de sus objetivos es “evitar los efectos nocivos que sobre el medio ambiente y la movilidad de la ciudadanía produce el consumo indiscriminado en implantaciones comerciales fuera de la ciudad”. Además, se propone como reto “orientar la inversión de los grandes establecimientos a la trama urbana de las ciudades y cabeceras comerciales, para favorecer las sinergias con el pequeño comercio y el mantenimiento del modelo” tradicional. Es decir, toda una avanzadilla legislativa para el resto de autonomías.

 

Bolkestein supone una auténtica revolución contra el fragmentado marco legal que soportan las empresas del sector comercial en España. Según la OCDE, tan sólo Grecia y Portugal mantiene normativas más gravosas contra la libertad de establecimiento y prestación de servicios.

 

No obstante, la profundidad de la reforma depende del compromiso que adquieran las comunidades con la Directiva, ya que el 90% de las normas a revisar en España son de competencia regional.

 

Para evitar retrasos innecesarios y, sobre todo, futuras sanciones de la Unión Europea, el Gobierno a ha diseñado un sistema para descontar de los transferencias financieras a las comunidades las sanciones que imponga Bruselas, como adelantó EXPANSIÓN el 28 de octubre.

 

Las claves de la liberalización de los servicios

 

-La Directiva de Servicios elimina las dobles licencias que hasta ahora soportaban las grandes superficies comerciales.

-Los regímenes de autorización previa y los requisitos discriminatorios para el establecimiento de un negocio deberán suprimirse.

-Únicamente podrán mantenerse este tipo de autorizaciones cuando se ajusten a razones imperiosas de interés general. En cuyo caso, deberán ser argumentadas por las administraciones competentes.

-El Tribunal de Justicia de la UniónEuropea considera que la razón imperiosa de interés general abarca los siguientes ámbitos: el orden y la seguridad pública; la protección civil, la salud ciudadana; la protección de los consumidores; la lucha contra el fraude; la propiedad intelectual; los objetivos de política social y cultural; la conservación del patrimonio; y la protección del medio ambiente y el entorno urbano.Esta interpretación del interés general deja resquicios para seguir imponiendo trabas al libre comercio. Sobre todo, a la hora de planificar el urbanismo de las ciudades y la ordenación del territorio.

?Los expertos consultados por este periódico argumentan que, a pesar del espíritu unificador de la Directiva, el comercio va a seguir manteniendo una fragmentación regulatoria en España. Sobre todo en lo que respecta a la libertad de establecimiento. No obstante, matizan que el urbanismo siempre será menos gravoso que los sistemas de autorización previa actuales.

 ?La principal ventaja de la Directiva Bolkestein es la agilización y simplificación de trámites y la creación de una ventanilla única para los trámites administrativos. Sin embargo, el proceso es titánico dado el poco tiempo con el que cuenta España para adaptarse al nuevo marco común.

 

Fuente: Expansión 02/11/2008

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