Las empresas con beneficios pagarán el coste del paro de los despedidos mayores de 50 años

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto para evitar que las empresas carguen sobre las arcas públicas el despido de trabajadores mayores de 50 años. Todas las compañías con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos ejercicios y que despidan a mayores de 50 años, tendrán que pagar la prestación por desempleo, sus cotizaciones sociales y el subsidio de paro a estos trabajadores para que no recaiga sobre el Estado el coste de esos despidos colectivos.

Eso se aplicará a todos los despidos colectivos iniciados desde el 27 de abril de 2011. Si el trabajador encontrara trabajo en los seis meses siguientes se le descontaría a la empresa el importe correspondiente.

Hasta ahora las empresas pactaban despidos colectivos y prejubilaciones utilizando las prestaciones y subsidios por desempleo como parte de las compensaciones acordadas. En 2011 se intentó cortar con esta práctica de prejubilaciones a cargo del Estado, en lo que se conoció como ‘enmienda Telefónica’ por el expediente de regulación de empleo de esta empresa, y se impuso el pago de las prestaciones a las empresas en beneficios, con más de 500 trabajadores, y a partir de los 100 empleados despedidos. En la reforma laboral aprobada este año se amplió su aplicación y ahora se aprueba el procedimiento para llevarlo a cabo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, justificó esta medida para que se «modere el impacto de expulsión del mercado de trabajo de manera prematura e injusta de los trabajadores de más edad».

Por otra parte, el Gobierno también aprobó el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada, que desarrolla la reforma laboral. La Inspección de Trabajo tendrá que emitir un informe preceptivo.

Con este decreto se abre la puerta a los despidos colectivos del personal laboral del sector público, con las mismas causas y procedimientos que en el sector privado. En el caso de la administraciones, la causa económica que justificará el ajuste de plantilla será la reducción del presupuesto, pero será necesario un informe previo y vinculante del órgano competente.

Las empresas del sector público que obtengan del Estado más del 50% de sus ingresos no podrán realizar reducciones de jornada ni suspensiones temporales de empleo entre sus trabajadores, sólo EREs de extinción. Esto choca con la defensa que el Ministerio de Empleo ha hecho para que las empresas privadas utilicen los expedientes de suspensión temporal o reducción de jornada antes que los de extinción de empleo. CC OO ha anunciado que presentará recurso de inconstitucionalidad contra este real decreto.

Casi 10.000 millones

Por otro lado, la titular de Empleo, Fátima Báñez, explicó ayer que el coste anual para la Seguridad Social de las jubilaciones anticipadas es de 7.288 millones de euros y de las jubilaciones parciales de 2.690 millones.

La ministra llevó ayer un informe sobre dichas jubilaciones al Consejo de Ministros que piensa enviar la próxima semana al Pacto de Toledo para desincentivarlas, endureciendo las condiciones de acceso a las mismas.

Según indicó en España hay 383.900 jubilados de forma anticipada, que cobran una pensión media mensual de 1.356 euros.

En el informe también se plantea la posibilidad de que un trabajador pueda simultanear durante un tiempo el cobro de entre el 40% y el 60% de la pensión y un empleo por cuenta propia o ajena

 

Elcorreo.com 27/10/2012 (ver noticia)

 

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