En el Ministerio de Industria se sorprenden de lo sonadas que han sido las medidas liberalizadoras de Esperanza Aguirre. “¿Eliminar la licencia autonómica sobre las grandes superficies comerciales? Madrid ha hecho lo que dice nuestra ley”, explicaba un cercano colaborador de Miguel Sebastián ayer en el Congreso.

En el atril, el ministro defendió su “ambiciosa” norma, con la que quiere adaptar las reglas de juego del sector de la distribución a la Directiva de Servicios europea. Es decir, acomodar el complejo entramado burocrático autonómico a la libertad de empresas y establecimiento que exige Bruselas.

Antes de dirigirse a la Cámara, Sebastián agradeció “la presencia de la Confederación Española de Comercio”. La patronal más representativa del pequeño empresario del sector se ha mostrado desde un inicio “muy satisfecha” con la normativa del Gobierno, porque “mantiene las competencias de las comunidades” y “pone en juego reglas más claras y trasparentes”, frente a la “cruzada neoliberal” que, en su opinión, promueven “determinados lobbies” o el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer.

Pero en el nuevo tablero algo no termina de encajar. Si Aguirre cumple con la ley de Industria al suprimir el control autonómico sobre las grandes y medianas superficies, ¿por qué el secretario general de la CEC, Miguel Ángel Fraile, cargaba ayer contra la Madrid por “favorecer sólo a las grandes multinacionales”, “destrozar el modelo comercial español” y “romper la unidad de mercado”?

Los titubeos del Gobierno en la reforma de los Servicios, que se presentó como “ambiciosa”, han dado lugar a una ley ambigua y abierta a múltiples interpretaciones en el caso del Comercio.

El proyecto presentado hace un año por el ex vicepresidente económico Pedro Solbes para transponer la Directiva exhortaba, siguiendo la literalidad de Bruselas, a eliminar con “carácter general” los regímenes especiales de autorización que pesan sobre muchas actividades económicas en España. Mandato que, en el caso del Comercio, supone romper el control político del que, hasta ahora, han disfrutado las comunidades autónomas para decidir la implantación de nuevas empresas.

Berenguer, cuyo discurso en favor de la libre competencia suena incómodo en muchos sectores, suele decir que “en los pliegues duerme el diablo”. Y de forma reiterada ha pedido a Sebastián que no deje “resquicios” legales para que las comunidades transformen y mantengan las barreras comerciales.

Básicamente porque si no, será la Justicia europea la que decida con un castigo ejemplar cómo debe ser la regulación del sector minorista –consciente de esto último, el Gobierno ya se ha cubierto las espaldas incluyendo una disposición por la cual, las previsibles multas de la Comisión recaerán sobre la Administración responsable y no sobre el Estado–.

Muro infranqueable

España ya ha sido sancionada en Europa por las restricciones comerciales de Cataluña y Andalucía; Competencia ha cargado contra las moratorias, los impuestos especiales y las segundas licencias para grandes superficies; y la OCDE ha situado al mercado nacional como uno de los más complejos y fragmentados de los países desarrollados.

A todas luces, parece que desde fuera consideran que la descentralización de las políticas comerciales hacia las comunidades no se ha realizado del todo bien. Pero cuando se trata de asuntos autonómicos –y los apoyos parlamentarios–, cualquier Gobierno se lo piensa dos veces.

El marco propuesto por Sebastián para que las comunidades autónomas adecuen sus normas a Bruselas tiene fugas. En él, caben iniciativas como las de Aguirre, que suprimen, siguiendo la Directiva, los regímenes de autorización. De este modo, serán los ayuntamientos de la comunidad los que autoricen la apertura de nuevos establecimientos, grandes o pequeños, y valoren si cumplen lo que Bruselas llama “razones imperiosas de interés general”, como el medio ambiente, el urbanismo, el patrimonio o la salud pública.

Pero también deja margen para la tentación contraria: transformar los criterios económicos que hasta ahora se servían para controlar el comercio, por nuevos requisitos ambientales o urbanos.

Madrid es, de momento, la única comunidad que ha renunciado a este complicado ejercicio de obviar la realidad, porque Bruselas está esperando a la vuelta de la esquina.

Expansión 15/10/2009