La trasposición de la Directiva de Servicios europea a la legislación española en materia de comercio interior, está dando lugar a la reedición de las diferencias de planteamientos existentes y , parece que irreconciliables, entre empresas grandes, medianas y pequeñas. Modificar la legislación de comercio, tanto la nacional como las autonómicas, es un motivo lo suficientemente importante como para que todos queramos influir en su última redacción, porque estamos ante la norma que nos regirá en los próximos años y, para los que defendemos el comercio urbano y las ciudades donde está instalado, porque nos estamos jugando el modelo de vida ciudadana que deseamos.
Lo que más me ha sorprendido en esta previsible polémica, es, por un lado, la igualdad de planteamientos entre la Comisión Nacional de la Competencia y la asociación que representa a las grandes superficies, y por otro que los planteamientos de ambos sean los mismos que hace quince años, como si la realidad económica y social no hubiera cambiado, basándose en la misma equivocación una y otra vez: confundir liberalización con libertad.
Mantiene la Comisión Nacional de la Competencia y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) que es el momento de instaurar una total libertad para la apertura de grandes empresas de comercio minorista y lo defienden afirmando que no perjudica al comercio pequeño, que es beneficioso para la creación de empleo y que incrementa la competencia reduciendo los precios al consumidor.
Analizando las tres justificaciones nos encontramos con que ni son tan ciertas ni son tan claras. La apertura indiscriminada de grandes superficies comerciales perjudica al comercio urbano, pero sobre todo perjudica a las ciudades cuando se instalan, como casi siempre hacen, en la periferia de éstas, en los nudos de las autopistas e incluso en zonas claramente rurales. No hay que ir muy lejos para ver los efectos que estas aperturas sin control han producido en ciudades francesas como Toulouse, por ejemplo, donde desapareció el comercio de la ciudad , se fueron los ciudadanos a vivir en urbanizaciones cerradas en el extrarradio y el centro urbano se degradó. Después han tenido que actuar las administraciones con ingentes cantidades de dinero público para recuperar la vida ciudadana que había desaparecido.
Respecto a la creación de empleo, asunto sensible por excelencia en estos momentos de crisis, hay que tener en cuenta que , siendo urgente crear puestos de trabajo, es muy importante que éstos sean de calidad: bien remunerados, con horarios lógicos que permitan conciliar la vida personal y familiar con la laboral y además estables. No pensemos a corto plazo únicamente. Un solo dato al respecto: la última apertura en Gijón de un establecimiento de una gran superficie comercial no creó ni un solo puesto de trabajo nuevo. Lo que no cuentan ni contabilizan son los empleos que sus agresivas políticas comerciales destruyen, en el comercio urbano y en los proveedores.
Pero de los tres argumentos el que menos se sostiene es el de la competencia, precisamente el que más debería preocupar a la Comisión Nacional encargada de su defensa. Hagamos el siguiente ejercicio: ¿ en cuantas tiendas de empresas distintas puede comprarse hoy una botella de aceite de oliva de marca? ¿ en 10, 15 como máximo? Es probable que en menos. En este momento el 78% del aceite de oliva refinado y el 50% del aceite de oliva virgen, que se vende en España está en manos de las marcas de los distribuidores, es decir de las marcas blancas. ¿ es eso libre competencia? Parece que no, parece más lógico pensar que habrá más competencia cuantas más empresas de todo tipo existan y vendan, es más racional sostener que compiten más miles de comercios distribuidos por todas las calles de nuestras ciudades y que no están organizados en una asociación nacional , que las 16 grandes empresas que forman parte de Anged, todas ellas grandes superficies comerciales.
Cuando la distribución comercial se concentra en pocas manos se reduce la competencia, se igualan los precios, se presiona a los fabricantes para que produzcan de una determinada forma, se eliminan las marcas propias con lo que ello supone de puestos de trabajo e innovación en los fabricantes y se condiciona al consumidor a comprar lo que ellos, esos pocos, quieren vender, porque desaparece la variedad en la oferta. Esto ya está ocurriendo con algunos productos de alimentación, ahora quieren aprovechar el cambio en la legislación para que también pueda ocurrir cuando vayamos a comprar ropa, calzado, electrodomésticos… Esto no es libertad.
En ningún momento les hemos visto argumentar sobre el impacto que la ausencia de límites a la apertura de grandes superficies produce en las ciudades, en el medio ambiente o el patrimonio histórico, precisamente las tres excepciones que contempla la Directiva de Servicios europea para limitar la tan deseada liberalización total. ¿ Habrá que pensar que para unos y otros somos simples consumidores y no ciudadanos? ¿ es su preocupación solamente nuestro dinero para gastar y no nuestra forma de vivir? Egoísta y erróneo planteamiento, que solo contempla a las personas como un elemento de su cuenta de resultados.
Las organizaciones empresariales que representamos y defendemos el comercio de ciudad tenemos muy claro que estas empresas viven en la ciudad y viven de la ciudad, por eso queremos y defendemos ciudades compactas y sostenibles. Ciudades donde las viviendas, los servicios públicos, el comercio y el sector servicios crezcan al mismo tiempo, donde el transporte público nos lleve rápido y de forma cómoda, donde las calles sean para pasear, donde no existan barrios aislados, ni haya que recurrir al coche para comprar un kilo de azúcar, donde se tengan en cuenta las necesidades de las personas que tienen problemas para desplazarse, donde los niños tengan espacios para jugar, donde convivir sea efectivamente vivir con los demás, ciudades que trabajen para ser espacios para la felicidad. Y en ellas están nuestros clientes, no son consumidores, no son euros en una caja registradora, son seres humanos a los que conocemos, con los que hablamos, a los que atendemos, a los que ofrecemos calidad, servicio, atención y proximidad. Estar próximo no es únicamente estar en el bajo de mi casa, es estar cerca de lo que quiero y necesito , cercanía que le permite comprar tanto a mi vecina de 70 años como a los niños que van al quiosco.
Por estas razones defendemos con pasión nuestras ciudades, porque en ello está cómo queremos vivir y como queremos comprar.
Los argumentos de las grandes empresas de distribución y de la Comisión Nacional de la Competencia son un error y cuando las empresas persisten en el error acaban financiándose zombis.
Carmen Moreno Llaneza
Gerente Unión de Comerciantes de Gijón.
Miembro AGECU (Asociación de Gerentes de Centros Urbanos)
